AFP
Quito, Ecuador
El gobierno de Ecuador planteó el lunes destinar los recursos decomisados al narcotráfico y al terrorismo para la educación y tipificar el delito de extorsión, uno de males que aquejan al país víctima de la criminalidad.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, presentó ante la Corte Constitucional para su aprobación tres preguntas adicionales para un referendo que promueve para hacer enmiendas en la Carta Magna sobre extradición, democracia y medioambiente.
“Dos tienen que ver con la seguridad: la una para regular el destino de los bienes decomisados de actividades ilegales y del crimen organizado” para la educación, dijo el funcionario a la prensa.
Agregó que la otra interrogante apunta a “tipificar el delito de extorsión y sancionar con pena privativa de la libertad de siete a diez años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada”.
El Ejecutivo también propuso importantes deducciones del impuesto a la renta para los empresarios que den empleo a mayores de 45 años de edad.
Las consultas implican reformas a los códigos penal y tributario.
Hace casi tres semanas, la Corte Constitucional dio luz verde a seis de las ocho primeras preguntas planteadas para modificar la Carta Magna a través de un referendo.
La interrogantes rechazadas, que de acuerdo al organismo deben ser tratadas por la opositora Asamblea Nacional, se refieren a que se permita el apoyo de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía para combatir el crimen organizado y que el Congreso asuma amplios poderes que tiene un Consejo ciudadano.
Ese Consejo fue creado en el gobierno del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017) con atribuciones para nombrar al fiscal general y al procurador (abogado) del Estado, además de miembros de entes electorales y de la Judicatura.
La Corte Constitucional aprobó que mediante referendo se resuelvan temas como la reducción del número de diputados (de 137 a unos 100), la extradición de ecuatorianos implicados en delitos trasnacionales, la entrega de compensaciones para la conservación de la naturaleza y la protección de las zonas hídricas.
El gobierno no ha planteado fecha para la consulta popular.
En febrero próximo se celebrará en el país la elección de alcaldes, prefectos (gobernadores) provinciales y miembros del Consejo ciudadano.
Mediante referendo, el expresidente Lenín Moreno (2017-2021) suprimió la reelección indefinida aprobada durante el mandato de Correa, impuesta también a través de ese mismo recurso.
