El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte dictó dos meses de prisión preventiva contra dos de las cinco empleadas del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) Pueblo Nuevo, implicadas en la muerte de un niño de un año y dos meses de edad.

El juez Dalvin López impuso la medida a las imputadas Rosmerys Cross Olivo y Katerin Castaño.

Mientras que a las otras tres implicadas se les otorgó libertad al entender el juez que no tenían vinculación con el hecho.

El Ministerio Público había calificado la muerte del niño como una “torpeza, imprudencia, negligencia e inobservancia” del personal a cargo de su cuidado.

Según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el infante falleció a causa de asfixia mecánica por ahogamiento, así como una “contusión epicraneal en la región occipital”.

Además de las dos mujeres condenadas a prisión preventiva, se encontraban acusadas Carmerys Liriano de Candelier, encargada administrativa; Elena Hernández Muñoz, técnico territorial y Yanina Rojas Moronta, coordinadora de agente educativo.