Es duro para cualquier empresa de construcción o contratista independiente haber concluido una obra a través de una institución gubernamental (OISOE, MOPC, INDRHI, INAPA) hace 5, 10 o 20 años, y no haber recibido su pago final.
La OISOE se lleva la corona porque más del 80% de esas deudas proceden de esta desaparecida y corrupta institución, llena de historias espeluznantes.
Muchos contratistas del CODIA, hospitales, red vial y escuelas, beneficiados a través de la OISOE, reclaman sus pagos desde hace años, pero hay serios problemas que lo impiden, salvo algunas excepciones. Sus reclamos y protestas son frecuentes y llegan a politizarse con criticas infundadas.
¿Pero dónde está el meollo del asunto?
Tomemos el caso del MIVED donde hay más de 400 expedientes de obras terminadas con pagos pendientes heredados de la OISOE (Unos RD$12 mil millones). Entre ellos están 131 expedientes cuyo pago reclama el CODIA y otros 22 expedientes que son contratistas de hospitales y centros de atención primaria, 14 de los cuales fueron enviados al Ministerio de Hacienda (MH) solicitando su aprobación y otros ocho están listos para su remisión. También hay decenas de proyectos, entre ellos 31 hospitalarios, que están siendo auditados para decidir si su tramitación de pago procede.
El MIVED es el continuador jurídico de OISOE y asumió la responsabilidad de continuar las obras sin terminar, tramitar los pagos de obras terminadas, realizar auditorías y solucionar los conflictos relacionados con los montos reclamados o los documentos incompletos que se exigen para liquidar las deudas. Y ha dedicado mucho tiempo, dinero y personal para atender las demandas de todos los contratistas hasta donde es posible.
El problema es que hay un número significativo de obras terminadas que fueron asignadas irregularmente, su presupuesto superó con creces lo que establece la ley de un 25% de sobrecostos, se hicieron adendas no aprobadas por la contraloría y les faltan documentos y certificaciones que exige el MH para darle curso legal a los expedientes.
Puede haber casos donde el pago proceda y se trabaja en ello, pero otros requerirán de una ley especial que los exima de esos requisitos. Así sucedió con ley 118-21 para romper el nudo que existía con muchos contratos de hospitales, escuelas y red vial en ejecución que estaban paralizados antes del 2020.
Sin embargo, ni el MH o la Contraloría ordenará pagos a contratistas violando la ley, porque estarían expuestos a ser sometidos a la justicia por esas violaciones.
Y en un régimen de consecuencias, ética y transparencia, eso no sucederá.
