EUROPA PRESS

Madrid, España

La ONG Amnistía Internacional ha denunciado que un gran número de migrantes y solicitantes de asilo que llegan a las costas italianas están siendo retenidos de manera ilegal en centros de detención en los que “nunca” deberían haber sido recluidos, como parte de las nuevas políticas migratorias de Giorgia Meloni.

Estas detenciones, alerta Amnistía, son una clara violación de los derechos de estas personas, muchas de las cuales sufren “graves problemas de salud mental”, son perseguidas por su orientación sexual o activismo político, o bien huyen de la violencia o la explotación laboral y sexual.

“La detención debería ser excepcional y una medida de último recurso”, señala la directora adjunta de Amnistía para Europa, Dinushika Dissanayake, para quien estas órdenes son detención son del todo “innecesarias”, ya que “desbaratan la vida, la salud y las familias de las personas”.

En un nuevo informa titulado ‘Libertad y dignidad: Observaciones de Amnistía Internacional sobre la detención administrativa de personas migrantes y solicitantes de asilo en Italia’, la ONG denuncia que las leyes italianas no se ajustan a las obligaciones internacionales y violan el derecho de asilo.

Desde el año pasado, el Gobierno de Italia impuso nuevas restricciones en materia migratoria, ya fuera, por ejemplo, construyendo nuevos centros de detención, ampliando el tiempo de custodia a 18 meses antes de la repatriación o arrestando a solicitantes de asilo en función de su nacionalidad, en clara violación del Derecho Internacional que exige una evaluación individual.

“El fracaso de las autoridades italianas a la hora de establecer un sistema eficaz de alternativas a la detención, combinado con un proceso jurídico inadecuado supervisado por jueces no profesionales, está dando lugar a un abuso de las detenciones”, ha alertado Dissanayake.

“Las leyes y prácticas de Italia no son compatibles con el derecho y las normas internacionales y dan lugar a violaciones no sólo del derecho a la libertad, sino también de los derechos de asilo, a un recurso efectivo y a la asistencia jurídica”, ha incidido la directora adjunta de Amnistía para Europa.

MALAS CONDICIONES DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN

Amnistía ha detallado en este último informe las malas condiciones de dos centros de detención a los que ha tenido acceso, el de Ponte Galeria en Roma y el de Pian del Lago en el municipio siciliano de Caltanissetta, en abril de 2024.

Allí, la ONG pudo reunirse con personas de Túnez, Irán, Perú, Georgia, Egipto, Marruecos, Gambia, o China. Constató que las condiciones en los centros no se ajustan a las normas internacionales. Los detenidos tenían escasa libertad de movimientos, además de disponer de unas infraestructuras “extremadamente básicas”.

Colchones de espuma colocados sobre camas de hormigón, baños en malas condiciones y a veces sin puertas, con interruptores de luz activados y desactivados por guardias y ventanas cerradas herméticamente, mientras que los teléfonos inteligentes personales estaban prohibidos, relata Amnistía.

“Las personas se ven obligadas a pasar todo el tiempo en espacios vallados, en condiciones que en muchos aspectos son peores que en prisión, y se les niega incluso un mínimo de autonomía”, lamenta Dissanayake, que alerta de los graves riesgos para la salud mental de aquellos cuya estancia se prolonga en demasía.

La ONG insiste en que este tipo de detenciones administrativas relacionadas con asuntos migratorios no deben tener carácter punitivo ni imponer condiciones similares a las de una prisión. A pesar de ello, los lugares visitados por Amnistía no cumplían con estos preceptos y “parecían extremadamente restrictivos, vacíos e inadecuados desde el punto de vista de la salud y la seguridad”.

Amnistía no ha dejado pasar por alto tampoco el nuevo acuerdo al que han llegado recientemente los gobiernos de Italia y Albania, por el cual el segundo se compromete a recibir a una parte de los migrantes y solicitantes de asilo que llegan a las costas del primero.

“La detención por motivos migratorios debería utilizarse en circunstancias excepcionales (…) siempre se deben considerar en primer lugar medidas alternativas y menos coercitivas. Las personas que buscan protección internacional no deberían ser detenidas”, ha enfatizado Dissanayake.

En aquellos casos en los que las detenciones sean necesarios, las autoridades italianas, explica Dissanayake, “deben realizar evaluaciones rigurosas y periódicas de la idoneidad de estas personas para estar bajo detención”.

A su vez, el Gobierno italiano debe garantizar que las condiciones en estos centros sean respetuosas con los estándares internacionales, la dignidad humana y permitan a las personas estar en contacto con el exterior. “Es urgente un cambio radical del enfoque punitivo de las políticas migratorias”, ha reclamado.