La Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió por segunda ocasión una recusación contra otra jueza apoderada para el control de las investigaciones en el caso Calamar.
La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tomó la decisión luego de acoger una solicitud presentada en ese sentido por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La decisión fue adoptada por los jueces Ysis B. Muñiz Almonte, Luis Jiménez Rosa, Rosalba Garib Holguín y Delio Germán Figuero.
Empero, la decisión contó con el voto disidente del juez Andújar Sánchez, quien argumentó, que “en el ejercicio de la función jurisdiccional no ha lugar a recusación, en el peor de los casos a impugnación”.
Con la recusación el Ministerio Público logró que el tribunal de alzada retirara del caso a la jueza Ana Lee Florimon en el proceso de instrucción en la Operación Calamar.
El Ministerio Público argumentó en su recusación que la jueza titular de la Segunda Sala del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Distrito Nacional, en funciones de Juez suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción actuó con discrecionalidad excesiva, contrario al debido proceso y de forma reprochable y censurable, alegatos que algunos abogados de la defensa intentaron rebatir con una escena histriónica frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En el expediente derivado de la Operación Calamar figuran como imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Luis Miguel Piccirillo McCabe, Claudio Sílver Peña Peña, Aldo Antonio Gerbasi, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz y Ramón David Hernández.
También, Yahaira Brito Encarnación (o Yahaira Brito Evangelista), Marcial Reyes, Ana Linda Fernández De Paola, Emir José Fernández de Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación Montero.
El Ministerio Público sustenta contra los procesados diversos cargos que incluyen la violación al Código Penal Dominicano, sobornos, lavado de activos, violación a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos para el Financiamiento Ilícito de Campañas Políticas.
