La corrupción —que incluye la coima y la extorsión— y el fraude de inversiones siguen socavando la economía dominicana y afectando tanto al sector público como al privado, advierte Juan Iván Rogers, presidente del Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude (IIAFA), en una entrevista con Listín Diario.

Sobre ese esquema ilícito, Rogers, experto en auditorias forenses, primero habla de la corrupción y explica cómo se dan sus dos vertientes: la coima y la extorsión: “La coima es la que ofrece el empresario o contratista al funcionario. Y la extorsión es cuando el funcionario le exige al contratista”, apunta. “Esos son los dos endémicos en cuanto a corrupción gubernamental”.

Y, en términos generales, está el fraude de inversiones que, a juicio de Rogers, es un esquema “muy sofisticado”. Un ejemplo claro son los negocios piramidales, un tipo de estafa que continúa ganando fuerza a escala mundial.

Según el experto, los negocios piramidales son bien “pensados” y se han ejecutado por faltas de estructuras y “vacíos legales” que existen en cada país de la región, incluyendo República Dominicana.

¿Por qué los negocios piramidales siguen ocurriendo con tanta frecuencia? Rogers lo resume en siete palabras: “Porque todo el mundo quiere el dinero fácil”.

Además, señala: “La gente está ataviada de deudas”. Esta desesperación hace que muchas personas caigan fácilmente en estos esquemas de engaño, una situación que el experto califica como una “contaminación” que inevitablemente afecta al individuo.

La estafa piramidal más reciente en el país fue la plataforma de apuestas deportivas, ATB Football, que captaba inversores con la falsa promesa de duplicar los recursos ingresados en un mes. Muchas personas cayeron en ese negocio al invertir altas sumas de dinero.

Tiempo después, el Ministerio de Hacienda emitió una advertencia contra esa plataforma, y la identificó como un operador fraudulento de apuestas deportivas que no contaba con la autorización correspondiente.

Falta de convergencia

“El desafío más grande que existe en República Dominicana y en Latinoamérica es la convergencia y la integralidad del manejo de estos flagelos”, sostiene el experto, refiriéndose al fraude, la corrupción y el lavado de dinero o activos.

Para Rogers, tanto las normas y las políticas públicas, creadas para prevenir y combatir esos tres ilícitos, no “convergen” ni son “integrales” en la práctica por parte de las autoridades. “Estos flagelos están haciendo fiesta”, subraya, y apunta que las normas y las políticas se deben reformular para “hacerlas más eficaces”.

A pesar de esa debilidad, el experto ha destacado el rol de República Dominicana en su lucha contra esos flagelos. “Tiene sembrada buenas semillas en más de 24 entidades”, dice, al tiempo de reconocer el Gobierno de Luis Abinader por la gran cantidad de certificaciones que han conseguido esas instituciones.

Rogers, a través de la IIAFA, ha colaborado con el Banco Central, la Contraloría, el Ministerio Público, el Banco de Reservas, el Ministerio de Educación, la Lotería Nacional, entre otras entidades gubernamentales. Han participado, por ejemplo, en programas sobre auditorias forenses antifraude.

Congreso

Juan Iván Rogers se encuentra en el país para llevar a cabo el primer Congreso Profesional y Académico de Auditoria Forense Antifraude, cuyo tema principal es el manejo integral y convergente para la prevención y detección de los flagelos de fraude, corrupción y lavado de dinero a nivel público y privado.

“¿Por qué profesional y académico? Porque hay un problema muy grande en el mundo, muy diferente entre la academia, que es la universidad, y la profesión”, explica Rogers, refiriéndose a que los profesionales que trabajan estos tipos de temas, como los contables, que están alejados de la práctica real.

El congreso tendrá lugar este viernes 28 en el Hotel Barceló, en Santo Domingo. 

“La auditoría forense antifraude, que busca la verdad material, es el puente que conecta la integridad con la justicia y satisface las expectativas que tiene la sociedad del contador público autorizado en el manejo de prevención y detección de los flagelos de fraude, corrupción y lavado de dinero”.