Santo Domingo, RD

El Centro para la Acción Femenina (Cipaf) afirmó que constituye un total retroceso y un duro golpe a la institucionalidad la aprobación del proyecto de modificación a la Ley Orgánica Electoral hecho por el Senado de la República a finales de diciembre.

La organización indicó que contrario a la tendencia mundial de fortalecer la participación política de las mujeres como una premisa fundamental para construir Estados verdaderamente democráticos y un desarrollo sostenible, el Senado desechó la propuesta presentada por la Junta Central Electoral (JCE) sobre paridad de género, vertical y horizontal, en las listas de candidatos y candidatas que deberán presentar los partidos y agrupaciones políticas.

Para el Cipaf que lucha en favor de los derechos de las mujeres, el Senado desaprovechó la oportunidad de avanzar hacia la superación del déficit constitucional con la igualdad en función del Artículo 39, el cual establece explícitamente la obligación del Estado de “promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”.

De igual manera, explicó que la no reducción de los topes de gastos de campaña se convierte en una barrera importante para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en las contiendas electorales.

“Los altos costos de campaña hacen de las elecciones un proceso excluyente y discriminatorio y propician el control del poder político en mano de quienes controlan el poder económico, en su mayoría mediante el dinero sucio, fruto del lavado, el narcotráfico y la corrupción.”

Calificó como grave que no se establezca la obligatoriedad de presentar informes de gastos por parte de las candidaturas a todos los niveles, lo cual limita la fiscalización, la sanción y persecución a quienes violenten los topos de gastos.

Además de plantear que este proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Régimen Electoral aprobado en el Senado, también vulnera la institucionalidad electoral al disminuir a la Junta Central Electoral en sus roles y funciones y colocarla en la práctica bajo la conducción de los Partidos y Agrupaciones políticas.

“Hacemos un llamado a las mujeres en sentido general y de manera particular, a la de los partidos y agrupaciones políticas, a que se mantengan firmes en la demanda de la paridad en consonancia con nuestra Constitución y para hacer frente a las trabas y obstáculos que limitan el acceso de las mujeres a los espacios de poder y de toma de decisión”.