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Sao Paulo, Brasil

En las dos semanas transcurridas desde que un hombre mató a cuatro niños en una guardería en Brasil, las autoridades han arrestado a unos 300 adultos y menores en todo el país, acusados de difundir un discurso de odio racial o alentar la violencia en las escuelas.

Se ha revelado escasa información sobre la represión, que podría constituir un abuso judicial, pero que pone de relieve que el país está resuelto a responder en los niveles federal, estatal y municipal. La ofensiva general para poner rápido fin a la tendencia emergente de violencia en las escuelas contrasta con el método gradualista aplicado en Estados Unidos, donde tales ataques desde tiempo atrás son más frecuentes y mortíferos.

La respuesta brasileña toma en cuenta las medidas tomadas en Estados Unidos y sus defectos percibidos, dijo Renan Theodoro, investigador del Centro de Estudios sobre la Violencia en la Universidad de Sao Paulo.

“Hemos aprendido de los éxitos y errores de otros países, en particular Estados Unidos”, dijo Theodoro a The Associated Press.

Brasil ha conocido una veintena de ataques o episodios violentos en las escuelas desde 2000, la mitad de ellos en los últimos 12 meses, incluido el de la guardería el 5 de abril.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que el concepto de las escuelas como refugios seguros ha sido “arruinado”. Su gobierno, que ha pedido consejo a los investigadores independientes, convocó esta semana a una reunión de ministros, alcaldes y jueces del Tribunal Supremo para discutir posibles soluciones.

Algunas medidas en vigor concuerdan con las aplicadas desde hace tiempo en Estados Unidos, como la creación de líneas telefónicas especiales, la capacitación de personal docente y administrativo en temas de seguridad, fondos federales para la salud mental, equipos e infraestructura de seguridad.

Otras medidas —como la persecución nacional de sospechosos presuntamente amenazantes en la que participan más de 3.400 agentes de policía, o la nueva campaña para regular las redes sociales— no se han aplicado en el norte.

El objetivo de los arrestos es calmar el miedo de los brasileños, dijo Luis Flávio Sapori, investigador sénior en el Foro Brasileño de Seguridad Pública. “La prioridad es disminuir el pánico”, precisó.

En las semanas desde la masacre de la guardería han circulado amenazas y rumores no confirmados en las redes sociales, los que han provocado terror entre los estudiantes, docentes y padres.

Vanusia Silva Lima, de 42 años, madre de un chico de cinco años, dice, “tengo miedo de enviar a mi hijo a la escuela. No solo yo, mis amigas también, mujeres que he conocido en el salón”.

Muchos estados brasileños se anticiparon a la respuesta federal. Sao Paulo, por ejemplo, contrató temporalmente a 500 psicólogos para sus escuelas públicas y de manera permanente a 1.000 guardias de seguridad privados.

Mientras en Estados Unidos las masacres suelen provocar discusiones, en el nivel federal generalmente caen en un impasse. Los demócratas abogan por el control de armas, los republicanos por reforzar las medidas de seguridad.

La campaña en Brasil ha obtenido amplio apoyo en parte porque las propuestas no han incluido limitar el acceso a las armas, un tema de encendido debate político aquí como en Estados Unidos. Además, los ataques en Brasil suelen realizarse con otras armas, sobre todo cuchillos.

En Estados Unidos se aprueban pocas leyes. Una excepción notable ha sido el acuerdo bipartidista logrado el año pasado tras la masacre en una escuela primaria en Texas y otros tiroteos mortíferos. La ley endureció las verificaciones de antecedentes y las normas que impiden el acceso de culpables de violencia doméstica a las armas, y asignó 1.000 millones de dólares para la salud mental de los estudiantes y la seguridad escolar.

Otros cambios han sido graduales desde la masacre de 1999 en la escuela secundaria Columbine y la de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook. En casi todos los estados, las escuelas están obligadas a aprobar planes de seguridad que incluyen simulaciones de ataques armados. Muchos distritos escolares tienen sus propias líneas telefónicas especiales y algunas usan programas informáticos para buscar amenazas en las redes sociales, con resultados desiguales.

Muchos estados en el norte han dado fondos a las escuelas para equipar a los edificios con detectores de metales, guardias de seguridad, puertas blindadas y otras medidas, lo que ha dado lugar a otro debate, sobre la presencia policial en las escuelas.

En Brasil, el legislador Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha que precedió a Lula en el cargo, fue una de las escasas voces prominentes que reclamó detectores y guardias armados según el ejemplo estadounidense y presentó un proyecto para que fueran obligatorios en todas las escuelas.

Lula ha dicho que su gobierno no admitirá detectores ni inspecciones de las mochilas.

Sapori dijo que Brasil ha adoptado un método que combina el énfasis sobre la salud mental con el monitoreo preventivo de las amenazas y la capacitación docente, además de la presencia policial.

“En Brasil comprendemos claramente, basados en la experiencia estadounidense, que no basta invertir en la seguridad armada en las escuelas, que la presencia policial en las escuelas no impide los ataques”, dijo Sapori. “Solo sirve para transformar las escuelas en prisiones”.

Para Brasil, el segundo país más poblado del hemisferio occidental, la búsqueda de soluciones rápidas suele crear el riesgo de los abusos de poder.

En cuanto a los sospechosos arrestados durante dos semanas hasta el jueves, Theodoro observó que las autoridades no han explicado el criterio para las detenciones, y las investigaciones están bajo secreto judicial. Preguntado por la AP, el ministerio de Justicia se negó a revelar cuántos de los 302 arrestados eran menores.

El ministerio ha autorizado a un organismo nacional del consumo para multar a las empresas tecnológicas que no eliminan el contenido que exalta las masacres escolares, incentiva la violencia o formula amenazas.

Aparentemente, el obligar a las redes sociales a rendir cuentas goza de amplio apoyo. En la reunión de días atrás en la capital, tanto Lula como el ministro de Justicia, dos jueces del Supremo Tribunal y el presidente del Senado apoyaron la regulación de las plataformas con el argumento de que el discurso que es ilegal en la vida real no puede ser lícito online.

“Si no tenemos el valor de discutir la diferencia entre la libertad de expresión y la estupidez, no llegaremos demasiado lejos”, dijo Lula.

La Coalición por los Derechos en la Red, que agrupa a 50 organizaciones promotoras de los derechos digitales fundamentales, ha expresado inquietud sobre darle al gobierno el poder de decidir qué se puede decir en las redes sociales.

Algunas plataformas de redes sociales que al principio se resistieron cumplir con los pedidos de borrar contenido han acabado por aceptarlos, y en los 10 días anteriores habían eliminado o suspendido más de 750 perfiles, según el ministro de Justicia, Flávio Dino.

Cuando un hombre saltó el muro de una guardería en el estado de Santa Catarina y mató a cuatro niños con un hacha el 5 de abril, los fiscales pidieron a los medios que no publicaran imágenes ni identificaran al asesino porque las investigaciones demuestran que esto puede alentar a otros agresores.

El gran conglomerado de medios Grupo Globo anunció que dejará de identificar o retratar a los autores de tales crímenes en sus emisoras y publicaciones. O Estado de S. Paulo, uno de los diarios de mayor circulación de Brasil, adoptó l misma medida, lo mismo que CNN Brasil y Band.

En Estados Unidos no se ha visto un cambio similar en los medios, aunque algunos han empezado a ser parcos en nombrar a los agresores y a enfocarse en las historias de las víctimas, en gran medida por pedido de los familiares de estas. Algunas organizaciones han dejado de publicar semblanzas de los agresores, como era habitual.

Los sucesos en Brasil recuerdan una oleada de apoyo federal en Estados Unidos para la seguridad escolar tras la matanza de Columbine, dijo Ken Trump, presidente de la consultora Servicios Nacionales de Seguridad para las Escuelas, con sede en Ohio.

“Desde entonces, se ha vuelto mucho más irregular”, dijo.

El éxito de la campaña en Brasil dependerá de la capacidad de mantener el impulso cuando la opinión pública deje de prestar atención a la violencia escolar, añadió.

“La pregunta crucial es, ¿será sustentable?”