AFP

Quito, Ecuador

La autoridad migratoria de Colombia deportó este martes al expolicía ecuatoriano Germán Cáceres, investigado por el asesinato de su esposa dentro de la escuela policial donde trabajaba, en un caso de feminicidio que desató protestas en Quito.

Cáceres arribó a Ecuador hacia las 17H30 locales (22H30 GMT). “Finalizado el proceso de control de documentación (…) Germán Cáceres es trasladado (desde Quito) a la ciudad de Guayaquil (suroeste)”, donde cumplirá una orden de prisión preventiva, señaló el Ministerio del Interior en Twitter.

Migración Colombia señaló a través de Twitter que expulsó a Cáceres tras la solicitud de un juez ecuatoriano por el delito de feminicidio de su esposa, María Belén Bernal, de 34 años.

En fotografías difundidas por Migración, Cáceres aparecía en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, esposado, vestido de negro y escoltado por una decena de agentes de la Interpol así como de la policía y la fiscalía colombianas.

El sospechoso fue detenido el 30 de diciembre en Palomino, departamento de la Guajira (norte), “tres meses después de haber salido de Ecuador”, informó la autoridad migratoria.

De acuerdo a la entidad, “el hombre de 29 años se hacía pasar por otra persona en el territorio nacional, lo que le permitió trabajar en un establecimiento comercial”.

Bernal fue asesinada el 11 de septiembre de 2022, luego de visitar a su pareja en una academia policial en las afueras de Quito donde fue vista por última vez. El cuerpo fue hallado diez días después con signos de violencia en un cerro aledaño.

Tras la muerte de Bernal, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ordenó la destitución de dos generales y del entonces ministro de Interior, Patricio Carrillo. Además, pidió “perdón” por el crimen que no debió suceder y “mucho menos en un edificio público donde se forman quienes deben proteger” a los ciudadanos.

Ecuador castiga hasta con 26 años de cárcel el feminicidio. En el país, de 18 millones de habitantes, hubo más de 270 casos en 2022, según organizaciones independientes que denuncian un subregistro oficial.

La Fiscalía contabilizó unos 70 casos en el mismo periodo.

“La función judicial tiene que estar a la altura (…) estamos respondiendo a la aspiración de una madre que quería justicia”, dijo Lasso a la prensa más temprano.

En una entrevista reciente con la AFP, la madre de Bernal denunció “solidaridad” por parte del cuerpo de la policía para encubrir el feminicidio.

“Estoy luchando contra un monstruo que es el Estado (…) porque las instituciones que están para resguardar nuestros derechos ni acompañan ni ayudan”, lamentó Elizabeth Otavalo, de 54 años, a mediados de diciembre.