Punto. El gobierno no se ha pronunciado sobre los choques en Arauca entre las disidencias de las FARC y el ELN, que no se acogió al cese el fuego.
AP
Bogotá, Colombia
El departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela, ha vivido en los últimos días un aumento de la violencia por cuenta de las confrontaciones registradas entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y una facción de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Las confrontaciones han sucedido en la zona rural del municipio de Puerto Rondón, en el que habitan unas 5,000 personas, de difícil acceso para los organismos humanitarios dada la precariedad de las vías y la afectación de la población en las veredas El Paisaje, Normandía y Lejanías, donde hay confinamiento y han iniciado desplazamientos forzados a los cascos urbanos cercanos en busca de refugio, según confirmó el jueves la Defensoría del Pueblo, sin detallar el número de personas en movilidad.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, advirtió la víspera en un comunicado que en Puerto Rondón se hallaron varios cadáveres de hombres que habrían muerto en combates, sin especificar el número.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch aseguró en Twitter haber recibido reportes de al menos 10 personas muertas luego de los enfrentamientos. Mientras que en redes sociales circulan videos que muestran a personas disparando y luego varios cadáveres, cuya veracidad no ha sido confirmada por las autoridades.
Dispositivo especial
El ejército informó en la noche de ayer jueves que activó un dispositivo especial para asegurar la entrada del equipo técnico de la fiscalía que permita iniciar un proceso de investigación y establecer las identidades de los cuerpos encontrados. Además, indicó que han desactivado de manera controlada más de 20 artefactos explosivos en la zona para evitar que la comunidad resulte afectada.
El presidente Gustavo Petro se ha propuesto abrir canales de diálogo con diversos grupos armados ilegales que incluyen al ELN, a las disidencias de las FARC y a bandas narcotraficantes en su política de “paz total”.
Al iniciar el 2023 el gobierno ordenó la suspensión de acciones militares, como parte de un cese al fuego bilateral, contra dos facciones de las disidencias de las FARC, el cártel Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada.
