Los casos de presunta corrupción que se encuentran en los tribunales del país comparten un elemento común: las defensas solicitan a los jueces a cargo la extinción de la acción penal, alegando el vencimiento del plazo máximo de duración de los procesos.

Entre estos casos destacan el caso Antipulpo, que involucra a Alexis y Magaly Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina, y los casos Coral y Coral 5G, cuyo principal implicado es el mayor general Adán Cáceres Silvestre, ex jefe de seguridad del mismo mandatario.

En ambos casos, el Segundo y el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazaron las solicitudes de las defensas de declarar la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo, previsto en el artículo 148 del Código Procesal Penal.

Asimismo, ordenaron la continuación del juicio de fondo, señalando que la decisión es susceptible de recurso de apelación.

En el caso Antipulpo, la defensa de Magaly Medina alegó que el proceso tiene una duración de cuatro años, tres meses y 11 días. En el caso de Cáceres Silvestre, se argumentó que inició el 16 de febrero de 2021, con una solicitud de medida de coerción de inmovilización de bienes, y que se ha extendido por más de cuatro años.

Por otro lado, en el caso Medusa, en el que figura como principal implicado el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, su defensa alega que su caso se ha prolongado más allá de lo razonable, estando privado de libertad por casi cuatro años sin que se haya iniciado el juicio de fondo.

En otros dos casos de presunta corrupción, Super Tucano y Los Tres Brazos, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo, pero esta decisión fue revocada por dos salas de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

En cuanto al caso Calamar, donde figuran como principales implicados el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero; el ex ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, este ha sufrido ocho aplazamientos y aún no ha iniciado el conocimiento de la solicitud de apertura a juicio.

Razones para el rechazo

En el caso Antipulpo, los jueces del Segundo Tribunal Colegiado fundamentaron su decisión de rechazar la extinción en los aplazamientos debido a la recusación del pleno del tribunal y de la presidenta Claribel Nivar, así como a la falta de traslados de los imputados, razones de salud de una acusada y permisos por duelo familiar. La defensa alega que el caso lleva cuatro años, tres meses y 11 días en los tribunales, superando el plazo máximo.

Asimismo, se destacó la complejidad del caso, con casi 4,000 elementos de prueba, 21 personas y 19 empresas imputadas, y la necesidad de garantizar el derecho a la defensa de cada una.

En los casos Coral y Coral 5G, el Primer Tribunal Colegiado rechazó la extinción de la acción penal argumentando que el caso tiene una duración de tres años, diez meses y 19 días, sin superar el plazo legal de cuatro años. Los jueces sostienen que el cómputo del plazo legal, según el artículo 148 del Código Procesal Penal, inició el 5 de mayo de 2021, fecha en que se impuso la prisión preventiva al solicitante.

En el sistema penal dominicano, la extinción de la acción penal es un mecanismo jurídico que puede finalizar un proceso antes de la sentencia definitiva, regulado por el Código Procesal Penal, con particularidades en delitos contra la administración pública.