La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha advertido que Nicaragua “tiene que permanecer en la agenda internacional” y ha exigido a las autoridades que liberen a los civiles que han sido detenidos “de forma arbitraria” en el marco de las elecciones de 2021.
“En Nicaragua tenemos muchas personas que han sido arrestadas bajo el contexto de las elecciones de 2021 y eso es extremandamente inquietante”, ha señalado Bachelet durante un encuentro organizado por la agencia de noticias Bloomberg, tal y como ha recogido el propio medio.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó a finales de marzo la creación de un grupo de expertos que, durante el próximo año, examinará los posibles abusos cometidos en Nicaragua, bajo el mandato de Daniel Ortega, entre ellos también las detenciones de dirigentes opositores.
El texto de resolución aprobado señaló que hubo un “retroceso democrático” en el país a todos los niveles e hizo especial hincapié en las presuntas irregularidades en el marco del proceso electoral, así como en estas “detenciones arbitrarias”.
De hecho, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) ha denunciado este mismo miércoles el secuestro de Yubrank Suanzo, miembro de Alianza Cívica, una organización que nació a raíz de las protestas de 2018 contra el Gobierno de Ortega.
“Condenamos este hecho y exigimos su libertad inmediata y respeto a su integridad personal”, ha señalado la organización, una denuncia a la que también se ha sumado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La CIDH condena la detención arbitraria del líder estudiantil Yubrank Suazo, en la madrugada de 17 de mayo en Masaya. El Estado debe garantizar de forma urgente su integridad física, y facilitar la comunicación con sus familiares y representantes legales”, ha agregado, por su parte, esta otra agrupación de Derechos Humanos.
Las manifestaciones de 2018, que comenzaron por una polémica reforma de la seguridad social y acabaron pidiendo la “democratización” del país, se saldaron con la muerte de más de 300 personas debido a la actuación de las fuerzas de seguridad, lo que llevó a los expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a aconsejar que el líder ‘sandinista’ fuera juzgado por delitos de lesa humanidad.
Las elecciones del pasado noviembre estuvieron marcadas por detenciones arbitrarias de activistas y periodistas, entre otros actos de hostigamiento, coacción y violencia política. Además, la libertad de prensa también estuvo en el punto de mira del Gobierno y los medios de comunicación denunciaron restricciones y obstáculos que imposibilitaron el ejercicio de su labor.
Asimismo, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado mes de abril una nueva ley que endurece el control del Gobierno sobre las ONG, después de que en los últimos meses el Ejecutivo de Daniel Ortega haya ordenado cierres de organizaciones independientes apelando a supuestas irregularidades formales.
El Parlamento nicaragüense también dio ‘luz verde’ a una enmienda de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que regula el funcionamiento de las universidades. Tanto la oposición interna como organismos observadores internacionales han alertado de la creciente presión sobre entidades independientes.
