Miguelina Bello Segura, quien se encuentra detenida por su presunta vinculación en la operación Pandora, comunicó al ministerio público que quiere colaborar con la investigación que lleva a cabo.
La acusada de haber vendido “clandestinamente a nacionales haitianos” municiones de diversos calibres, propiedad de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, igualmente dio detalle a los fiscales del lugar donde se encontraban 17 cajas de municiones.
La imputada, hizo la petición en una comunicación enviada a la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a través de su abogado Osiris Disla Ynoa.
Sostiene que está dispuesta a decir lo que conoce del caso, así como dar la información sobre la ubicación de la dirección donde se encuentran 17 cajas de tiros que le entrego una prima hermana.
“De acuerdo con las evidencias recabadas por el Ministerio Público establecen que la imputada Miguelina Bello Segura, recibió para la comercialización decenas de cajas de municiones de distintos calibres para la venta de cada una al precio que oscila entre RD$5,200 y los RD$6,000, destacándose que esta se dedica a venderlos clandestinamente a nacionales haitianos, quienes la utilizan comúnmente en actividades criminales”, dice la Pepca en el expediente de solicitud de medida de coerción.
Contra Bello Segura se solicita medida de coerción junto a los demás imputados por sustracción de pertrechos de la Policía Nacional dominicana, hurtos que se hacían de “manera masiva, organizada y sistemática”, según el órgano persecutor.
Detalla que el ex esposo de Bello Segura era un “conocido comercializador de municiones en el mercado binacional de Pedernales, actividad comercial ilícita que ella, en coordinación con miembros de la organización criminal objeto de la presente investigación, ha continuado”.
Ministerio público solicita prisión preventiva
En el caso donde el ministerio público solicita prisión preventiva y declaratoria de caso complejo, se encuentran además como imputados el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler y el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos. También figuran el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, acusado de alterar resultados de una auditoría para encubrir la sustracción de las municiones, y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, quien fungía como armero en la Dirección Regional Cibao Central.
Además, el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, señalados como piezas operativas clave dentro de la organización criminal.
