El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) abrió un proceso de excepción por urgencia para contratar la terminación de la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras (Nueva Victoria), por un valor estimado de 2,016.2 millones de pesos.

Dicho procedimiento lo justifica en la “apremiante necesidad” de poner en funcionamiento el recinto para mejorar las condiciones de vida de la población carcelaria del país, caracterizada por el hacinamiento, y la inseguridad.

El Mivhed dice contar con la aprobación de no objeción al proceso de contratación de parte de la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria, creada en abril pasado mediante decreto del presidente Luis Abinader. Dicha comisión tiene la finalidad de ayudar en la conclusión de los trámites legales y administrativos que permitan terminar el penal, blanco de acusaciones de malversación de recursos en el caso de corrupción, Medusa.

El procedimiento de compras, según el informe justificativo que le acompaña, tiene de antecedente dos cartas que desde el ministerio público enviaron al Mivhed pidiendo la agilización Las Parras.

Una de ellas, que cita, fue remitida por la procuradora general Miriam Germán Brito, quien el pasado 9 de mayo pidió la agilización de la construcción y terminación de las cárceles en proceso de construcción.

La otra, del 10 de mayo, es de Roberto Hernández Basilio, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPO), que expuso el grado de hacinamiento, de un 63 % de sobrepoblación, que tenía el penal La Victoria previo al incendio que la afectó el 18 de marzo pasado, en el que murieron al menos trece personas. Fijó en 9,900 la carencia de plazas en ese lugar.

“Las cárceles preventivas del gran Santo Domingo se encuentran sobrepobladas con personas privadas de libertad con medidas de coerción sin tener espacios donde albergarlas”, continúa la carta.

“Partiendo del informe evacuado por la citada comisión y de lo indicado por el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, es una apremiante necesidad poner en funcionamiento a la “Conclusión de la construcción del centro de corrección y rehabilitación Las Parras”, dice un informe de tres peritos designados para comprobar la existencia o no de un estado de necesidad.

Comprobada dicha necesidad, los peritos recomendaron realizar el procedimiento de excepción por urgencia que dispone la Ley 340-06 y el Decreto 416-23 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras.

El referido procedimiento está reservado a la adquisición de “bienes, servicios u obras para atender necesidades provocadas por acontecimientos fortuitos, inesperados, imprevisibles, inmediatos, concretos y probados, que impactan al interés público y se encuentran en el ámbito de acción de una institución pública”.