Abogados representantes de familiares de víctimas y personas heridas en la tragedia del Jet Set se quejaron de que el Ministerio Público no ha interrogado en primer lugar a los propietarios del establecimiento comercial.
Alejandro Tejada Estévez, Jaime Carrasco Batista y Luis Elías Villanueva, quienes representan a cuatro familiares de víctimas, entienden que Antonio Espaillat López y Ana Grecia López son los primeros que deben ser citados para interrogatorio. Cuestionaron el hecho de que el Ministerio Público cite primero a los familiares de las víctimas y de las personas heridas para interrogarlos en torno al caso que causó la muerte de 235 personas y donde más de 180 resultaron heridas.
Tejada Estévez dijo que es una aberración del Ministerio Público citar primero para interrogatorio a los familiares de las víctimas, porque ¿de qué se les podría interpelar?
Manifestó que lo que tienen que hacer los fiscales encargados del caso es citar a los propietarios del establecimiento para el interrogatorio e informar a las partes querellantes de las diligencias que se han realizado dentro de la investigación.
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Mientras que Carrasco Batista y Elías Villanueva entienden que los fiscales deben girar primero una citación a los propietarios de la discoteca, antes de requerir a los querellantes constituidos en actor civil para interrogarlos.
“Para preparar la teoría del caso, primero hay que citar a los propietarios del establecimiento y luego a los querellantes y denunciantes en el presente caso, pero no al revés”, adujo Elías Villanueva.
Tejada Estévez, quien representa a la señora Cynthia Mercedes Nadal Porro, madre de Catherine Marie Najri Nadal, una de las víctimas mortales del suceso, presentó una querella en contra de Antonio Espaillat, Grecia López, Maribel Espaillat de Beras y Evely Espaillat de Aybar, e Inversiones E y L, SRL, y reclaman el pago de una indemnización de 30 millones de pesos.
Tejada Estévez, posteriormente con el abogado Lionel Vicente Correa Tapounet, también interpuso otra querella en representación de Nelson de Jesús Sánchez y Juanita Ordaline del Carmen Brea, padres de Nelffisis Calwany Sánchez Brea, esposa del exjugador de Grandes Ligas Tony Blanco, ambos fallecidos en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, y reclaman el pago de una indemnización de 200 millones de pesos.
Asimismo, los abogados depositaron otra querella este lunes en representación de Roberto Radhames Mateo, Virginia Sánchez Pimentel y Roberto Amauryss Mateo Sánchez, padres y hermano del promotor artístico e ingeniero Radhames Alexander Mateo Sánchez, quien falleció en la tragedia del Jet Set tras el colapso del techo de la discoteca.
En la querella depositada en la Fiscalía del Distrito Nacional, piden que, además de que se solicite prisión preventiva en contra de los propietarios de la discoteca, anuncian que reclamarán el pago de una indemnización de 50 millones de pesos por los daños ocasionados.
Mientras que, debido a la gran cantidad de querellas y denuncias presentadas en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, varios equipos de fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Fiscalía trabajan en los interrogatorios de los familiares de las víctimas y de las personas que resultaron heridas.
El pasado viernes, la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, informó que se han producido citaciones para los interrogatorios. Asimismo, aseguró que trabajan en la investigación de la tragedia en la discoteca Jet Set, pero que, como parte del Ministerio Público, no están “para hablar, sino para actuar”.
Sostuvo que, por la naturaleza del caso, en el que están involucradas más de 400 víctimas, no difunden los avances de la pesquisa porque la ley se lo impide.
En el caso se han presentado un total de 17 querellas y 24 denuncias ante el Departamento de Atención del Sistema al Ciudadano de la Fiscalía del Distrito Nacional, que, conjuntamente con la Dirección de Persecución del Ministerio Público, realiza la investigación.
En las instancias legales, alegan que reclamarán ante los tribunales indemnizaciones millonarias, además de solicitar al Ministerio Público que requiera prisión preventiva como medida de coerción en contra de los propietarios de la discoteca.
Algunas de las querellas y denuncias incluyen al Estado dominicano y al ayuntamiento del Distrito Nacional por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones legales en materia de seguridad y supervisión de dichos establecimientos.
ACUSACIONES
Estas querellas y denuncias incluyen cargos de homicidio involuntario y negligencia, citando posibles problemas estructurales y la presencia de equipo pesado en el techo como factores que contribuyeron al derrumbe.
