La firma norteamericanos Silva & Silva, P.A. estará representando a víctimas y familiares nacionales y extranjeros que resultaron afectados en el colapso del techo en el club de ocio nocturno Jet Set el pasado 8 de abril de 2025.
Durante una rueda de prensa con los medios, explicaron que los reclamos de extranjeros, en particular los de norteamericanos, deben ser llevados a la jurisdicción de Estados Unidos, tomando en cuenta que los propietarios y al menos 20 víctimas son norteamericanas y Jet Set está registrada como una marca en el Estado de Nueva York.
En cuanto a los afectados nacionales, concluyen que, visto el panorama financiero de la empresa y el propietario, lo más recomendable es llevar independiente la demanda patrimonial al Estado.
“Lo que queremos lograr son respuestas. Le garantizamos a nuestros clientes tres cosas: respuestas, compensación y cambio. Porque eso es lo que necesitamos”, sostuvo el abogado litigante especializado en casos de lesiones personales catastróficas, Benjamín Fernández.
La firma norteamericana trabajará con el abogado local Ángel Lockward.
Aclararon que existe la posibilidad de que los gerentes y accionistas de la empresa propietaria de la discoteca puedan enfrentar cargos penales por una violación a lo que establece el artículo 319 del Código Penal dominicano y de esta forma los ciudadanos dominicanos cuyos familiares murieron o resultaron heridos reclamen indemnizaciones y penas privativas de libertad de seis meses a dos años en su contra.
En ese sentido, Lockward explicó que, aun cuando esto sea llevado a la práctica, el club nocturno llevaba una facturación de 70 millones de pesos mensuales, dando como resultado entre 500 y 600 millones de pesos al año; su capital como propiedad intelectual es de solamente 1,000,000 pesos.
“Me imagino que la póliza de seguro andará por una cantidad que, repartida entre todas las víctimas del desastre, no le dará ni siquiera para asegurar el meñique y eso es responsabilidad del Estado”, afirmó implicando que cualquier condena que sea autorizada a pagar por el valor de la empresa no haría justicia a ninguno de los afectados.
Por esta razón, indicó que el Estado debería asumir parte de la culpa y ser copagador con el propietario que, por negligencia, le ha causado el daño, interviniendo como un “acto de justicia” en las personas de bajos recursos.
Asimismo, aseguró que el “vacío legal” que el presidente Luis Abinader mencionó durante LA Semanal sobre la supervisión técnica de obras privadas no existe ni debería existir porque este queda a cargo del Ministerio de Vivienda y Edificaciones en conjunto con los viceministerios a su cargo que se relacionan con la construcción, vivienda, ordenamiento territorial y obras públicas.
