El abogado Manuel Fermín Cabral, representante de los implicados en la Operación Calamar, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, negó categóricamente que sus representados vayan a ser beneficiados con la contratación de obras públicas futuras por parte del Estado dominicano a cambio de información.
El jurista consideró que desde el inicio de las investigaciones ellos acudieron voluntariamente ante la Procuraduría General de la República para aclarar el alcance de su participación en el caso.
Precisó que sus defendidos siempre han actuado “apegados a la verdad” y explicó que tras la verificación de las declaraciones de estos se estableció formalmente un esquema de colaboración con el ministerio público.
Sostuvo que la colaboración fue propuesta por la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción (PEPCA) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público con la condición de que la información proporcionada por ellos pudiera siempre ser corroborada mediante otros medios de prueba.
Manifestó que sus representados no tienen ninguna vinculación con el “Grupo Cat”, empresa con la cual, supuestamente, se suscribió un contrato que establecería un mecanismo de pago con “obras futuras” y que nunca han discutido con la Procuraduría la posibilidad de un acuerdo de esta naturaleza.
El abogado explicó que fue una decisión voluntaria de sus defendidos la devolución íntegra de las ganancias que recibieron a propósito de los pagos por concepto de expropiaciones, y que los acuerdos establecidos así lo reflejan.
Respecto a la empresa Trossachs Enterprises, desmintió que la misma recibiera pagos del Estado dominicano a través del mecanismo de pago de expropiaciones ascendentes a un monto de 7,615 millones de pesos.
“Todos y cada uno de los pagos recibidos por Trossachs Enterprises, por parte del Estado dominicano, se correspondieron a trabajos de obras de infraestructuras ejecutadas y entregadas a la entonces Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (OISOE)”, dijo.
Fermín García detalló que la referida empresa es una sociedad de responsabilidad limitada conformada en el año 2014 y que la oficina de abogados Headrick, Rizik, Álvarez y Fernández (“Headrick”) no tuvo ninguna otra participación que no fuera la constitución de dicha sociedad y la realización posterior de documentaciones propias de una actividad societaria.
En ese sentido, añadió que “Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña no conocen a la señora Lilly Acevedo Gómez además de que en las innumerables veces que comparecieron por ante la Procuraduría nunca han tenido contacto o relación alguna con quien ocupe la función de Secretaria General de dicho ente. Nunca”.
De igual manera, Fermín negó que Crisóstomo y Ureña fueran beneficiarios de los pagos derivados del denominado “Programa de financiamiento de contratistas del Estado” el cual involucró un monto de más de 21,000 millones de pesos.
Aclaró que ellos “no tuvieron ningún tipo de participación en la estructuración o ejecución de dicha operación. Es más, supieron de la misma a través de los medios de comunicación”, puntualizó.
“Tampoco es cierta la afirmación de que los señores Crisóstomo y Ureña fueran actores claves o de primer orden en la estructura imputada finalmente por el Ministerio Público. Y es que los mismos no han sido nunca funcionarios o servidores públicos. Por ende, no tenían las prerrogativas o atribuciones públicas para la toma de decisiones”, manifestó.
Afirmó que su participación, sobre todo en el caso del señor Fernando Crisóstomo Herrera, se limitó a realizar las actividades de gestión del cobro de acreencias estatales, mismas que ya éste desarrollaba desde hace muchos años a través de sus empresas.
