La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutivas un proyecto de ley que tiene el objetivo de designar al expresidente Salvador Jorge Blanco como el nombre de una infraestructura vial en Santiago.
Se trata de la pieza conocida el pasado 17 de junio que tiene relación con la avenida Circunvalación Norte de Santiago de los Caballeros, situada en el municipio cabecera de la provincia Santiago.
Sin embargo, el contenido de la iniciativa, que deberá ser votada por el Senado de la República, desconoce que esa vía dispone de un nombre desde el año 2015, luego de que fuese promulgada la Ley 12-15 para decretar al empresario Luis Crouch Bogaert como referencia para esa estructura.
El documento legislativo, firmado por 53 diputados, dentro de los cuales se encuentra el representante Alfredo Pacheco, indica que busca designar un nombre, no modificar el existente.
Tampoco menciona, dentro del apartado de las vistas, la Ley 12-15 firmada por el exgobernante Danilo Medina.
De ser votada por el Senado de la República y acogida por el presidente Luis Abinader, el Congreso Nacional entraría en la duplicación de una ley, ya que el texto del proyecto no deroga el marco legal antes mencionado, que identifica una parte de la Circunvalación Norte con el nombre de Luis Crouch Bogaert.
¿Dónde sería la designación?
El tramo que sería designado con el nombre del exmandatario Salvador Jorge Blanco inicia en la autopista Juan Pablo Duarte, desde el cruce de Canabacoa, hasta la autopista Joaquín Balaguer, próximo al municipio de Villa González.
El mismo que en la actualidad es identificado, según la Ley 12-15, como Luis Crouch Bogaert.
“Afecta la seguridad jurídica”
De acuerdo con el Manual de Técnica Legislativa de la Cámara Baja, los congresistas deben consultar el Sistema de Información Legislativa (SIL), la Gaceta Oficial del Poder Ejecutivo, donde está el banco de leyes promulgadas, entre otras fuentes, antes de elaborar un proyecto de ley.
“Es necesario identificar cuáles leyes regulan la materia sobre la que se pretende legislar. El estudio de antecedentes es el que determina si la materia u objeto está o no legislado y, si lo está, qué incidencia de modificación o derogación corresponde hacer en la normativa vigente.
Precisamente, los marcos jurídicos señalados en la sección de vistas son las referencias legales que el legislador debe colocar como resultado de ese proceso de investigación previa, en el cual debe confirmar también si existe alguna regulación vinculada con su objetivo.
“Los antecedentes que deben investigarse son: Normas vigentes, instrumentos internacionales ratificados, leyes… Es preciso analizar estos antecedentes a fin de evitar crear disposiciones innecesarias que duplican otras o que interfieren con ellas, lo que finalmente afecta la seguridad jurídica”, versa uno de los mandatos del libro de orientación utilizado por los órganos legislativos.
El Manual de la Cámara de Diputados reconoce que en el ordenamiento jurídico dominicano existe un escenario que estudiosos de la técnica legislativa han denominado “inflación legislativa”.
“En República Dominicana se emplea el término duplicidad para aludir a este fenómeno que, al igual que la contaminación legislativa, afecta la seguridad jurídica”, indica el Manual.
Es por esta razón que el marco regulatorio interno de los diputados impone que deben realizarse “derogaciones expresas, para contribuir a determinar con precisión el estado en el que queda la legislación existente a partir de la nueva norma”.
“No basta con la máxima de que la ley posterior deroga la ley anterior, las derogaciones o modificaciones deben indicarse”, precisa el Manual.
