Alejandro Moscoso Segarra, exjuez de la Suprema Corte de Justicia y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad APEC, advirtió sobre los desafíos constitucionales que plantea la implementación del nuevo Código Penal Dominicano, cuya entrada en vigor está prevista para agosto de este año.

Durante su participación en el programa Entre Periodistas, transmitido por Telesistema (Canal 11) y conducido por los periodistas Miguel Franjul y Wendy Santana, el ex fiscal del Distrito Nacional subrayó que esta reforma es un paso necesario para modernizar un sistema judicial que aún se basaba en el antiguo código napoleónico de 1884.

Moscoso Segarra destacó que el nuevo texto legal se adapta a las realidades contemporáneas al tipificar delitos informáticos, el sicariato, la estafa piramidal y el uso de sustancias químicas para delinquir —tales como el “ácido del diablo” y la burundanga—, además de definir con mayor precisión la figura del autor intelectual.

El jurista recordó que este proceso de reforma inició en 1996, cuando el entonces presidente Leonel Fernández creó una comisión —presidida por el fenecido jurista Artañán Pérez Méndez, para elaborar un proyecto que fue entregado al Congreso en el año 2000. Desde entonces, se han sucedido diversas discusiones que han culminado en el código que entrará en vigor en agosto.

Necesidad de revisión constitucional

Aunque calificó la normativa como un avance significativo, el jurista reconoció que enfrenta importantes obstáculos legales. 

Actualmente, existen acciones directas de inconstitucionalidad que cuestionan cerca de 71 de los 393 artículos de la pieza, incluyendo el tema del aborto.

“Indudablemente, esta normativa es mucho mejor que la anterior, porque adecúa la respuesta penal a los nuevos tiempos”, afirmó Moscoso.

No obstante, advirtió que el Tribunal Constitucional deberá intervenir para corregir aspectos que podrían contravenir principios fundamentales, como la taxatividad penal y la posibilidad de reinserción social frente a la acumulación de penas de 40 a 60 años.

El debate sobre la libertad de expresión

Uno de los puntos más intensos de la entrevista giró en torno a la preocupación del sector periodístico sobre si ciertas disposiciones podrían actuar como una “ley mordaza”.

Moscoso destacó que, si bien el derecho al honor y a la intimidad están protegidos constitucionalmente, la prensa debe mantener su rol de vigilancia, especialmente respecto a los funcionarios públicos.

El ex fiscal puso como ejemplo el artículo 330, muy debatido por los medios de comunicación, señalando que tiene visos de inconstitucionalidad.

Explicó que, si bien la Constitución protege bienes jurídicos como el honor, la privacidad y la familia, es el Código Penal el que establece las sanciones para protegerlos, ya que la Constitución no fija penas.

Sobre la difamación e injuria, Moscoso sostuvo que existe una tendencia, respaldada por decisiones previas de la Suprema Corte de Justicia, en las que él participó y del Tribunal Constitucional, hacia la despenalización o, al menos, la transición hacia sanciones de carácter civil o administrativo.

El jurista cuestionó la tipificación como delito de la tardanza de un juez al emitir un fallo, calificándola de “insólita”.

Sugirió que, en lugar de la vía penal, estos casos deben resolverse mediante los órganos disciplinarios del Poder Judicial, a menos que se compruebe un acto de corrupción, prevaricación o recepción de dinero.

Asimismo, destacó que el nuevo código mejora la precisión técnica en delitos de homicidio y lesiones, incluyendo el abordaje del delito culposo y la imprudencia, con penas graduadas según la gravedad del suceso, al tiempo de señalar que ese tema se debate en estos momentos en el caso del colapso de la discoteca Jet Set.

Moscoso insistió en el conflicto entre la acumulación de penas (de 40 a 60 años) y el principio constitucional de resocialización.

“Si a una persona de 20 años se le acumulan 60 años de prisión, se elimina cualquier posibilidad real de reinserción”, concluyó, enfatizando que el Tribunal Constitucional deberá orientar al Congreso para garantizar que el nuevo código sea una herramienta eficaz, moderna y ajustada al marco democrático del país.