Dilcia Patricia Vargas, exesposa de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente de la Junta Directiva y del Patronato que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), manifestó su disposición de colaborar con el Ministerio Público en la investigación del caso denominado “Onco 14”, a cambio de que se considere una medida de coerción menos gravosa.
La información fue ofrecida por su abogado, Ricardo Reyna, al concluir la audiencia de conocimiento de medida de coerción.
El abogado explicó que su defendida está dispuesta a aportar toda la información que posee sobre los hechos investigados y a colaborar con las autoridades en la identificación de otras personas que pudieran estar involucradas en el presunto entramado.
“Ella está en actitud de colaboración para contribuir con la investigación y ayudar a determinar quiénes son los verdaderos responsables de estos hechos, con el propósito de que este proceso concluya de la mejor manera posible para las víctimas y para la sociedad dominicana”, expresó Reyna.
Indicó que la defensa solicitó al tribunal la imposición de prisión domiciliaria para Vargas, en lugar de la prisión preventiva de 18 meses requerida por el Ministerio Público.
No obstante, señaló que esperan que la disposición de su clienta a cooperar con las investigaciones sea tomada en consideración por las autoridades judiciales al momento de decidir la medida cautelar.
La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, recesó la audiencia hasta hoy 25 de junio a las 4:30 de la tarde, debido a lo avanzado de la hora. Cuando se reanude la vista, las partes presentarán sus réplicas y contrarréplicas antes de que el tribunal adopte una decisión.
Cuestionan inclusión
Durante la jornada, el abogado Francisco Consoró, representante legal de dos de los imputados en la Operación Onco 14, cuestionó que el Ministerio Público haya sometido únicamente a dos integrantes del consejo directivo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, pese a que dicho organismo está conformado por nueve miembros.
“Solamente acusan al ingeniero Lora y a otra persona, cuando se trata de un consejo compuesto por nueve integrantes”, manifestó el jurista, quien calificó de selectiva la decisión del órgano acusador.
Investigación
Según el Ministerio Público, los imputados habrían manejado aproximadamente RD$3,700 millones provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa), recursos que forman parte de la investigación por una supuesta red dedicada a cometer delitos de estafa, chantaje, lavado de activos y otras infracciones penales en perjuicio del Estado dominicano, pacientes con cáncer y el sistema de salud.
“El Oncológico manejó solamente del Seguro Nacional de Salud aproximadamente 3,700 millones de pesos, que es lo que está investigando el Ministerio Público”, afirmó el procurador adjunto Wilson Camacho.
Los representantes del Ministerio Público, encabezados por Camacho, abandonaron la sala de audiencias sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación al concluir la jornada.
