En los últimos días, el tema de las candidaturas independientes ha regresado con fuerza a la palestra pública, luego de que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) informara que está en disposición de recibir a aspirantes externos interesados en postularse a la candidatura presidencial para las próximas elecciones.

El presidente del PRSC, Federico “Quique” Antún Batlle, expresó que los errores de las organizaciones políticas han provocado una abstención electoral en la población dominicana. Es por esta razón que esa entidad política anunció el pasado 5 de mayo la apertura de sus filas para aquellos “hombres y mujeres independientes” que busquen competir en cualquier nivel de elección popular.

Antún Battle explicó que “no tendrían que ser militantes reformistas de toda la vida”. No obstante, aclaró que la única petición que le haría el PRSC es sostener el proyecto político “con responsabilidad y lealtad durante todo el proceso”, respetando los principios de su líder histórico, el exgobernante Joaquín Balaguer. 

¿Pero, qué ha pasado con la regulación a las candidaturas independientes?

Desde el año 1962 hasta el 2026, la figura del candidato independiente estuvo establecida en el marco legal del Régimen Electoral como una forma de participar en los procesos electorales, pero con el requisito obligatorio de presentarse a través de una agrupación política.

El 13 de diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional (TC) cambió el futuro de ese mecanismo electoral al emitir una sentencia en la cual declaró inconstitucional ese apartado de la Ley 20-23, alegando que resultaba “extremadamente difícil y contrario a la esencia misma de las candidaturas independientes”.

De esta manera, el TC les exhortó a los representantes del Congreso Nacional a solucionar la inconstitucionalidad y colocó en el dictamen un texto interpretativo en el cual recomendaba someter las candidaturas independientes a organizaciones cívicas o sociales.

La respuesta de los diputados y senadores de las diversas bancadas políticas en el Poder Legislativo fue más simple que la indicada por el órgano constitucional: desaparecer las candidaturas independientes del marco legal de la República Dominicana.

El presidente Luis Abinader y los legisladores prefirieron obviar el modelo de candidaturas independientes, optando por promulgar el pasado 26 de marzo una iniciativa que modificó la Ley 20-23 para eliminar los artículos 156, 157 y 158 de dicha legislación.  

Por lo que, desde la fecha antes mencionada, la Constitución y la Ley 20-23 únicamente expresa que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos son los canales para aspirar a la regiduría, alcaldía, diputaciones o curules senatoriales, así como a la vice y presidencia de la República.

¿Había una propuesta de la JCE?

La derogación de las candidaturas independientes ocurrió un año después de que las entidades políticas participaran en un proceso de diálogo con el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) para lograr un consenso y adecuar las extintas candidaturas independientes con la visión de la alta corte constitucional.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como las demás entidades minoritarias, empezaron en enero la fase de discusión, terminando luego en abril con el depósito de una propuesta de ley presentada por la JCE.

De esta lista mayoritaria, las únicas en estar de acuerdo con regular las candidaturas independientes como lo visualizaba el TC eran FP y PRM, ya que el PLD decidió manifestar su rechazo.

La pieza elaborada por el órgano electoral tenía una estructura y condiciones definidas: no le entregaba fondos públicos a los candidatos independientes, limitaba la cantidad de postulaciones en un nivel de elección a tres por organización civil,  eliminaba la posibilidad de alianzas electorales, establecía un porciento de firmas requeridas para avalar el proyecto político, entre otras.

Contradicciones políticas

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, indicó en varias ocasiones que el Congreso Nacional tiene dentro de su agenda aprobar una nueva regulación de las candidaturas independientes, acatando la sentencia del TC.

El 27 de febrero del año pasado, De los Santos utilizó el acto de rendición de cuentas por el Día de la Independencia para mencionar algunos proyectos de ley que debía conocer el Congreso Nacional, indicando que este era uno de esos.

“Que haya una verdadera regulación para que nuestra democracia no sufra en lo más mínimo. Tenemos un país que disfruta de una estabilidad política, social y económica admirable”, dijo parado en la silla presidencial del hemiciclo.

El presidente de la Comisión Permanente de la JCE en la Cámara de Diputados, legislador Elías Wessin, estuvo encargado del estudio de la pieza acordada por los partidos políticos. Además, el también presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) presentó un proyecto de ley similar.

Pero, ambas piezas quedaron en el olvido luego de que las cámaras legislativas acogieran la pieza del senador Rogelio Genao, del PRSC, que eliminó las candidaturas independientes.

 Wessin aseguró que su decisión de respaldar la supresión no era “un cambio de opinión”.

“Yo no he cambiado de opinión, la mantengo. Para que haya candidatura independiente, tiene que haber una modificación de la Constitución; ese es mi criterio. En consecuencia, no hay ningún tipo de contradicción”, dijo al ser entrevistado por reporteros del LD el pasado 23 de marzo.