El Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un acuerdo de cooperación para impulsar el Plan General de Reforma de la Administración Pública.
Este plan tiene como propósito incrementar los niveles de respuesta del sector público a las demandas ciudadanas, a través de la modernización y simplificación de sus servicios y procedimientos, el fortalecimiento del marco normativo, la profesionalización de los recursos humanos del Estado, y la interoperatividad para aquellos servicios cuyo resultado depende de varias instituciones. Esto en el concepto de la gobernabilidad efectiva necesaria para el desarrollo sostenible.
Este acompañamiento se suma a las iniciativas gubernamentales que procuran un mejor desempeño de la administración pública de cara a la ciudadanía, tales como el Plan Burocracia Cero y la Ley de Simplificación de Trámites (167-21), que han sido impulsadas por el Ministerio de Administración Pública (MAP) en coordinación con diferentes agencias gubernamentales, y con el apoyo de la cooperación internacional.
Además, se busca asegurar mayor transparencia, promover la modernización de los portales, mejorar el acceso digital a servicios públicos y promover la interoperabilidad de los sistemas y bases de datos.
Tras la firma, el ministro Darío Castillo Lugo dijo que la colaboración llega en un momento “muy especial para el país”.
“Hay muchas debilidades, deficiencias y situaciones en la Administración Pública que se corrigen trabajándolas; a veces hay recursos humanos calificados, pero son insuficientes y ustedes (en referencia a los miembros del PNUD), con su experiencia, pueden ayudarnos”, expresó Castillo Lugo, luego de la actividad que se llevó a cabo en su despacho.
En tanto, Inka Mattila, representante residente del PNUD precisó que “Para el PNUD este convenio con la institución transversal del mejoramiento de la gestión pública es un privilegio y una oportunidad de acompañar estas transformaciones, procurando resultados concretos y de impacto en la vida de las personas, sobre todo las más vulnerables, en el marco de que estas transformaciones se realicen con los más altos estándares de transparencia que merece la sostenibilidad de estas mejoras”.
Y agregó: “Traeremos toda nuestra experiencia internacional, y las experiencias similares en países de la región, que junto al conocimiento nacional funden nuevos métodos e instrumentos en beneficio de las personas”.
A través del acuerdo se fomentarán reformas sectoriales en áreas prioritarias que mejoren los niveles de calidad en la gestión y el acceso a bienes y servicios públicos esenciales para la ciudadanía, tales como salud, educación, agua potable, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, protección social, vivienda, seguridad, social, saneamiento ambiental y energía.
Las entidades también se comprometieron a fortalecer y profesionalizar la gestión municipal, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios públicos, incrementar la transparencia y la eficiencia, estimular la participación social y asegurar la sostenibilidad financiera de las políticas de desarrollo municipal.
Este acuerdo se alinea al marco de cooperación interagencial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el fortalecimiento de una gestión institucional eficiente, eficaz y transparente.
