En el programa Democracia TV, conducido por el Dr. Deomedes Olivares, el magistrado Rafael Leónidas Ciprián Lora abordó temas cruciales para el sistema jurídico y el desarrollo económico de la República Dominicana.

El debate sobre las candidaturas independientes
El magistrado explicó que el país atraviesa un momento jurídico complejo tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que habilitó las candidaturas independientes. Según indicó, la Constitución establece que los precedentes del TC son vinculantes para todos los poderes públicos y poseen un carácter definitivo e irrevocable.

No obstante, señaló que el Congreso Nacional discute actualmente una ley que podría limitar o prohibir estas postulaciones. Esto ha generado un intenso debate, pues el precedente impacta directamente la estructura de los partidos políticos, que históricamente han monopolizado las candidaturas electorales.

Desarrollo del Sur y cumplimiento constitucional
Ciprián Lora enfatizó la necesidad de impulsar inversiones en la región Sur para equilibrar el crecimiento nacional, tradicionalmente concentrado en el Norte y el Este. Aclaró que cualquier proyecto debe respetar el marco constitucional, especialmente en áreas protegidas. En estos casos, la Constitución exige un proceso de desafectación mediante una ley aprobada por el Congreso antes de ejecutar cualquier obra.

Seguridad jurídica y propiedad privada
Con una experiencia de casi 15 años como presidente del Tribunal Superior de Tierras, el magistrado detalló el protocolo cuando el Estado requiere terrenos privados para proyectos de desarrollo. Precisó que, si existen certificados de título, el Estado debe declarar la utilidad pública y pagar el justo precio.

En este proceso intervienen instituciones como la Dirección General de Bienes Nacionales para realizar las tasaciones. De no haber acuerdo con los propietarios, estos pueden acudir al Tribunal Superior Administrativo (TSA), órgano facultado para determinar judicialmente el valor del inmueble mediante sentencia.

El sistema inmobiliario dominicano
Finalmente, explicó que, aunque el Estado es el propietario originario de las tierras, esta condición cambia tras el proceso de saneamiento bajo la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario. Una vez emitido el certificado de título dentro del “Sistema Torrens”, el Estado reconoce y garantiza la propiedad privada, lo que fortalece la seguridad jurídica y facilita la inversión extranjera y local.