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Auditoría de la Cámara de Cuentas certifica manejo transparente en Ministerio de Viviendas

La Cámara de Cuentas ha publicado un informe de la auditoría practicada a los estados financieros del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), correspondientes a los años 2022 y 2023.

El resultado es una opinión “sin salvedades”, lo que certifica que el cien por ciento de los recursos fueron administrados conforme a las leyes, normas contables y disposiciones presupuestarias vigentes.

El informe detalla que, durante el período auditado, del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023, el patrimonio del MIVHED experimentó un crecimiento del 382%, pasando de RD9,037 millones en diciembre de 2022 a más de RD43,571 millones al cierre de 2023.

La auditoría no detectó irregularidades, desviaciones o hallazgos materiales que comprometieran la legalidad o transparencia de dichos fondos.

El ministro Carlos Bonilla valoró este resultado como un reconocimiento al compromiso del ministerio con la ética pública y la buena gestión. “Este informe es una muestra clara de que se pueden administrar recursos públicos con eficiencia, responsabilidad y total apego a la ley”, afirmó Bonilla. “Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo siempre servir al país con transparencia y resultados tangibles”.

El dictamen de los auditores establece que los estados financieros “presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), por los períodos comprendidos entre el 1.° de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023, de conformidad con las Normas de Contabilidad Gubernamental Aplicable al Sector Público, emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog)”.

Asimismo, el informe legal complementario concluye que no existen indicios de responsabilidad administrativa, civil ni penal atribuibles a funcionarios o servidores públicos del MIVHED.

Esto presume la legalidad de las operaciones y actuaciones realizadas, en cumplimiento del artículo 83 de la Ley 18-24 sobre el régimen de consecuencias de la gestión pública. En la auditoría no se identificaron discrepancias relevantes ni ajustes materiales, y la gestión de activos, pasivos e ingresos cumple con los principios de transparencia y legalidad.

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