El arroz con mango, si es como alimento, puede ser bueno y que hasta les guste a muchas personas. Pero cuando se trata del manejo del territorio de un país con ese “criterio”, es difícil que alcance el desarrollo sostenible y la equidad social.
Los criterios que guían la gestión de la diversidad biológica y las áreas protegidas están establecidos en las leyes dominicanas. De estas emanan reglamentos, estrategias, planes, programas y otras herramientas de gestión que contribuyen con la conservación de especies y sitios clave.
Con la protección de nuestra biodiversidad se garantiza la riqueza de su acervo genético y en el caso de las áreas protegidas, cada categoría se rige por criterios para su gestión y conservación.
Ambas son parte de nuestro patrimonio natural y cultural, magnífico, singular e irrepetible (por exagerar sinónimos).
El desafío al conocimiento científico, a las leyes y a la misión del Ministerio de Medio Ambiente, hace que se siembre lo no recomendado, se introduzca y disemine lo dañino y se desarrollen proyectos incompatibles con zonas frágiles.
Actuar al libre albedrío, en detrimento del interés nacional, asesta una estocada mortal a la naturaleza y al futuro de la ciudadanía, según la definición, implica la responsabilidad de elegir entre diferentes opciones y la posibilidad de ser responsables por las consecuencias de esas elecciones.
Están por verse las consecuencias legales y morales de quienes actúan así.
Lo ideal es que el ministerio se apegue a su misión de “regir la gestión del medio ambiente, los recursos naturales, los ecosistemas y sus servicios, con el fin de conservar el patrimonio natural de la nación, alcanzar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de la sociedad a un ambiente sano”.
La realidad es que es una misión difícil de cumplir sin la contribución de los demás estamentos del Estado que están comprometidos con la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo y en alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
