No hay un día que en algún medio de comunicación no se publiquen quejas de los ciudadanos reclamando hospitales, escuelas, calles, vivienda, luz eléctrica, transporte, medicamentos, y …de todo. El problema es que nadie quiere que le hablen de la reforma fiscal.

No es posible satisfacer ni el 30% de esas demandas con los recursos de que dispone el gobierno para la inversión pública.

Como dice el amigo y economista Magín Díaz, citamos “Este año (2025) se llevará a cabo uno de los ajustes fiscales más drásticos de las últimas décadas, con una reducción significativa del gasto público que pondrá fin a la tendencia de incremento anual sostenido durante los últimos cuatro años. Como resultado, el Gasto de Capital disminuirá del 2.6% al 2.2% del PIB, un nivel alarmantemente bajo”.

Este párrafo es suficiente para entender que las demandas de los ciudadanos serán cada vez menos atendidas y durarán mucho más tiempo para ser satisfechas.

Todo es a causa de la actitud, poco consciente de algunos sectores, para entender que sin una reforma fiscal vamos por el camino equivocado y su efecto comenzará a sentirse en el crecimiento y en el empleo más pronto que tarde.

Por su parte, el gobierno adopta una actitud responsable, resistiéndose a un aumento de la deuda pública y el déficit como porcentaje del PIB, donde más que subirlo lo están bajando.

El presidente Abinader debe reintroducir un nuevo proyecto de reforma fiscal el 27 de febrero. Un proyecto, aunque diferente al anterior en algunos puntos, que busque recaudar al menos un 1.3% del PIB, aproximadamente 110 mil millones de pesos.

Eso no resolverá todos los problemas porque es una cantidad irrisoria de dinero, pero al menos suaviza el impacto y se afloja un poco esa camisa de fuerza.

Y si se reduce el subsidio al sector eléctrico y la evasión fiscal en apenas 20%, habría US$700 millones más para invertir (RD$42,500 millones). Pero eso requiere tiempo.

Ese dinero adicional, recaudado por dicha reforma, se orientaría básicamente a la inversión pública y acciones que beneficien a los más pobres. También podría reducir el déficit fiscal a 2.7% del PIB.

Pero el mayor impacto de esta reforma estaría en el grado crediticio del país. Si saltamos del grado de inversión BB a BBB+ se podría emitir deuda pública a menores tasas de interés, con un ahorro significativo en el pago de intereses.

Es hora de reflexionar sobre este problema para después no lamentarnos.