En su plan de dominicanizar la mano de obra en sectores fundamentales en los cuales priman los trabajadores extranjeros, como la agropecuaria y el turismo, el Gobierno pondrá en ejecución un proceso de capacitación y recapacitación y de medidas de apoyo a los sectores productivos y empleados.

El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, reveló que la política pública del gobierno del presidente Luis Abinader es invertir en la gente, en capacidades y en innovación.

En el ámbito coercitivo, dijo, se fortalecerá la capacidad de fiscalización de las empresas que emplean más extranjeros y sanciones, de forma que al incumplidor del mecanismo del 80-20, se le calcula también las faltas por eventos.

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En tanto que, en la etapa del fomento, el Estado facilita apoyo financiero para la tecnificación en los procesos productivos, mediante capacitación, entrenamientos y también de una compensación como los programas de asistencia social.

Esto quiere decir, que se el empleo se formaliza, no solo se apoyará en las capacitaciones, sino también que se preservan en esos sectores apoyos de protección social.

El ministro puso de ejemplo que como una forma de contribuir a aumentar la productividad entra el proceso de capacitación, con énfasis en la tecnología y en ese aspecto citó que hace poco se realizó una feria de empleos que facilita becas a mujeres en Tecnología de la Información, certificaciones Cisco y otras para que se inserten en el mercado laboral.

También enfatizó en los beneficios del programa República Dominicana Trabaja, para contribuir a la formalización del empleo y mediante el cual solventan de tres a seis meses los primeros salarios de trabajadores, a fin de romper el ciclo de inserción laboral y de los incumplimientos.

Sostuvo que las bases están en la propuesta del proyecto laboral que está en el Congreso. Destacó la importancia de fortalecer las “competencias blandas”, que son aquellas que permiten a las personas tener capacidad de respuesta y adaptación a los nuevos retos en un mundo tan cambiante como el actual.

Puso de ejemplo que hoy día hay una corriente en las capacitaciones profesionales y técnicas en las personas y que propugna por esas capacidades blandas que es uno de los temas que se quieren priorizar. Señaló también que hay un tema que está siendo observado y es la sobreoferta, porque dificulta la capacitación.

Citó que las profesiones de ciencias, tecnologías, artes, matemáticas y otras son muy demandas. Puso de ejemplo que en América Latina 80 millones de empleos pueden transitar hacia empleos verdes y de soporte y en el caso de República Dominicana se han identificado 400,000, para lo cual se requieren conocimientos de tecnología, energía y cambio climático.

Apoyo

El ministro destacó que, como apoyo a los sectores productivos, el Gobierno impulsó un programa de financiamientos a sectores de la agropecuaria y de la construcción a través del Banco Nacional de Exportaciones (Bandex) por un monto de RD$3,000 millones, para que empleen procesos tecnificados.

Sostuvo que se buscan soluciones sin que sufra el proceso productivo, tomando en cuenta que el crecimiento no puede a costa del desarrollo humano dominicano.

Política de mejora salarial

Complementario al plan de dominicanización de la mano de obra en las actividades productivas, el Gobierno contempla ir por dos etapas de forma gradual: medidas coercitivas que incluyan sanciones y de fomento, incluyendo una política de mejora salarial real.

Dijo que el Gobierno ha impulsado una política constante de mejora salarial.

El ministro señaló que a falta de recursos explotables como el petróleo el país tiene que invertir en la gente para que tenga las capacidades adecuadas y se pueda dar el salto y pasar a las innovaciones.

Señaló que la conversión de planteles escolares y politécnicos va en esa dirección.

Entre otros temas, el ministro también se refirió al proyecto piloto sobre el trabajo doméstico, sector en el cual se han contabilizado más de 240,000 trabajadores, en su mayoría mujeres.

Hace dos años, el Ministerio de Trabajo explicó que el país ratificó la resolución 104-13 y entró a formar parte del Convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente para los trabajadores domésticos del 2011.

Además, en cumplimiento al mandato del artículo 62 de la Constitución de la República, que establece el derecho al trabajo y el deber del Estado de ejercer la debida protección y asistencia; y del Código Laboral en su artículo 258.