El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó que tiene disponible unos 300 millones para que la Procuraduría General de la República trabaje en la instalación de un sistema de bloqueadores de señal en las cárceles del país.
El presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, explicó que los RD$300 millones permitirán a la Procuraduría General de la República llevar a cabo la licitación para la adquisición de los bloqueadores de señal. “Indotel proveerá los recursos, pero la licitación estará a cargo de la Procuraduría,” señaló Gómez Mazara, citado por un comunicado de prensa de la institución.
El Consejo Directivo de Indotel aprobó la asignación de los fondos necesarios para este proyecto con el que se busca priorizar la implementación de tecnologías que fortalezcan la seguridad en todos los niveles del sistema penitenciario, según señala un comunicado de prensa, que cita la sesión 036-2025 del consejo, realizada el pasado jueves.
El comunicado refiere que en una carta enviada a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, le comunicó que, “como consecuencia de estadísticas que llevan intranquilidad a la sociedad se hace realidad esta disponibilidad de fondos para erradicar, de una vez por todas, los actos delictivos cometidos desde las cárceles”.
“El 90 por ciento de las llamadas fraudulentas que se cometen se hacen desde una cárcel. Además, garantizamos una campaña educativa con la intención de concienciar amplios segmentos de la población, previniéndoles de llamadas molestosas con una intencional carga fraudulenta”, escribió Gómez Mazara a la procuradora general.
Indotel informó que solicitó a la Dirección General de Presupuesto asumir el control y la vigilancia de los recursos destinados al proyecto. “Este proceso garantizará la transparencia en la ejecución de los fondos y la efectividad de las medidas adoptadas”, señala el parte de prensa.
El proyecto comenzaría con la instalación de bloqueadores de señal en cuatro centros penitenciarios estratégicos: El Pino, en La Vega; el Centro de Corrección y Rehabilitación del 15 de Azua; Anamuya, en Higüey; y el recinto penitenciario de Santiago. Estos centros fueron seleccionados debido a la alta incidencia de delitos cibernéticos cometidos a través de teléfonos móviles.
“La instalación de los bloqueadores de señal garantizará tanto la seguridad digital como la seguridad nacional. Estos dispositivos impedirán que los internos utilicen tecnologías móviles dentro de los recintos para cometer delitos como fraudes electrónicos, extorsiones y otras actividades ilícitas que ponen en riesgo a ciudadanos y empresas en todo el país”, dice el comunicado.
El Indotel indica que más del 85% de las llamadas fraudulentas que afectan a ciudadanos y empresas en República Dominicana provienen de estos recintos carcelarios.
