Como si fuese una “racha maldita’’ que envuelve al negocio del mercado eléctrico de República Dominicana desde hace décadas, en la actualidad, este no es ni confiable ni eficiente, mucho menos ético.

Al parecer, el mercado de la electricidad en nuestro país constituye un coto cerrado para unos cuantos, que medran desde las alturas del poder.

Las justificaciones frente a una crisis que viene de lejos siempre han estado a la orden del día. En la ocasión, la situación no es distinta, por tanto, los argumentos de uno de los más altos ejecutivos del sector en la actualidad, tampoco lo es.

Es la razón por lo que se ha desatado un avispero frente a la afirmación de Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), de que la actual crisis es responsabilidad de 800 mil usuarios que no pagan por el servicio recibido.

Respecto a esa afirmación, es mucho lo que se puede decir. La falta de inversión en las empresas distribuidoras de electricidad (EDES), proveyéndolas de los medios e insumos necesarios para su buen funcionamiento, ha sido una constante en la actual gestión. Un ejemplo que ilustra la debilidad de las EDES es la falta de contadores, necesarios para medir consumo y facturar la energía consumida. Es decir, si no se mide, no se factura, y si no se factura, es imposible cobrar.

Más importante aún es la ineficiencia operacional de las Edes, lo que encarece el servicio para los ciudadanos, mismos que según Marranzini son “mala paga” y responsables de la crisis, quienes deben asumir el costo del subsidio necesario para que las empresas continúen operando. Se olvida que las pérdidas de energía, el elevado gasto en personal y las deficiencias en la gestión, son factores que contribuyen al déficit financiero del sector eléctrico.

“Facilidades” para hacer negocio: un “regalo del cielo”

Y en efecto, un regalo del cielo es lo que aparenta el “tinglado” público-privado que desde siempre se produce en ese sector para beneficiar a empresarios privilegiados que lucran con la crisis.

A saber: según el informe mensual de los formularios de administración de contratos del Ministerio de Energía y Minas, de agosto 2024, contenido en el documento oficial del organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado, la empresa Multiparques, propiedad de Celso Marranzini, suscribió un contrato de compra de energía con la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).

El documento oficial establece de manera clara en la página 9, tabla 9, la enumeración de los contratos de venta de energía de Egehid con usuarios no regulados (UNR), en la que aparece la empresa Multiparques con un contrato de suministro de energía, renovable a un año, firmado en fecha 1⁰  de enero de 2024 al 31 de diciembre.

Evidentemente que, además de Multiparques y las Edes, aparecen otras empresas privadas a las que Egehid vende energía para reventa. Y todo estaría muy bien, a no ser porque la firma del contrato se realiza entre una empresa del Estado y un funcionario de primera línea del sector, por demás, nombrado por decreto. Algo así como ¿“Drácula administrando un banco de sangre”?

El contrato, tal y como se establece en el documento, se firma en 2024, cuando el señor Marranzini ya era presidente de la CUED, responsabilidad que ostenta desde finales de diciembre de 2023, por tanto, la negociación contractual se produce a pocos días de asumir el cargo, sin contar que, además, es el administrador de Punta Catalina desde 2022, y vicepresidente del Gabinete Eléctrico desde el 16 de agosto de 2020.

¿Puede un funcionario público hacer negocio con el Estado?

Es la pregunta obligada: ¿Un funcionario público puede hacer negocios con el Estado?, pues en este caso Egehid es 100% estatal: ¿es ético que Egehid haga negocios con un funcionario del Gobierno, máxima figura del sector eléctrico donde la generadora opera? ¿No plantea conflictos de intereses?

La búsqueda de respuestas conduce al contacto con la oficina del funcionario, la que, en principio, por iniciativa del propio Celso Marranzini se limita a una amable llamada telefónica, en la que, el primer argumento del funcionario fue decir que, precisamente, por la línea de presión a los generadores privados, y para evitar conflictos de interés, por tratarse de su negocio privado, prefería la relación contractual con la generadora estatal, en este caso Egehid.

Pero ¿comprar energía a una empresa 100% estatal, siendo usted alto ejecutivo del sector, no plantea un mayor conflicto de intereses que el que usted alega, si compra a generadores privados?, fue la réplica de esta reportera. La escueta respuesta fue “sí, pero menos”. ¿Qué habrá querido decir?

Lo argumentado en principio por Marranzini lo desdice el referido documento publicado por el Organismo Coordinador que establece que la empresa Multiparques posee un contrato de compra de energía con la generadora privada AES Andrés desde el 1⁰ de agosto del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2031, por tanto, el conflicto de intereses con los generadores privados no es tal.

Ante tales argumentos, al empresario y funcionario no le queda más remedio que admitir la compra, tanto a los generadores privados como al estatal, cuando dice: “La empresa, de la que no soy único accionista, tiene un contrato de compra de energía con la Empresa Generadora Hidroeléctrica Dominicana (Ehegid), y otro con AES dominicana para suministro de energía solar, firmado en 2014 por 15 años. Ambos contratos son de lícito comercio”.

Surgen nuevas preguntas, y lo convenido fue enviarlas al señor Marranzini para obtener unas respuestas que, aunque tarde, llegaron.

De nuevo inquirimos: En el caso de Egehid, al ser usted funcionario en tres cargos diferentes en el sector, con una jerarquía superior a su administrador, ¿no le preocupa que pudiera pensarse que ejerce esa influencia para beneficiar a su empresa con la compra de energía, lo que podría plantear un tema ético?

La respuesta de Marranzini fue tajante: “No tengo injerencia ni influencia en Egehid, pues se trata de una empresa con su propio consejo de administración que decide libérrimamente a quien escoger como cliente.

Multiparques paga la energía que recibe de Egehid a precio de mercado, sin concesión especial alguna”.

Se ha dicho hasta el cansancio que las distribuidoras, cuyo Consejo Unificado preside Marranzini, están quebradas. El economista Magín Díaz, en una entrevista pública lo ha confirmado. También es de dominio público que la energía producida por las hidroeléctricas es de las más baratas del sistema, Entonces, ¿EGEHID al vender a su empresa, no perjudica a las quebradas Edes?, fue la pregunta en la ocasión, y esta la respuesta.

“Aunque no estoy autorizado por los demás accionistas a revelar el precio al que Multiparques compra energía a Egehid, es importante hacerle saber que el citado contrato no afecta la adquisición de energía hidroeléctrica a ningún agente del mercado, incluyendo a las empresas distribuidoras de electricidad”.

Pero ¿si EGEHID le vendiera a las Edes la energía que vende a su empresa, el déficit financiero sería un poco menor?,

¿EGEHID vende a su empresa, y otras privadas, al mismo precio que a las Edes? ¿A qué precio vende EGEHID a Multiparques? ¿A qué precio a las Edes?, insistimos.

“No sé por qué su fuente no le reveló que las EDEs compran energía a Ehegid a 8.5 centavos, un precio muy por debajo al que paga Multiparques a la generadora hidroeléctrica. Por tanto, Multiparques no quita oportunidad de compra de energía hidroeléctrica a las EDEs”.

De una cosa sí estuvo convencido el empresario y funcionario, ni puede revelar a qué precio compra la energía a EGEHID, ni mucho menos facilitar, como fue requerido por esta reportera, copia del contrato de la negociación, lo que no es entendible, pues según sus propias palabras, se trata de un negocio en buena lid entre una empresa que vende y otra que compra.

Pero resulta que, según se ha dicho, las empresas distribuidoras no deben a los generadores privados, sin embargo, la deuda con las estales EGEHID y ETED supera, a junio de 2024, los 24 mil millones de pesos.

¿Es eso justo, equitativo, ético? ¿Hay alguna estrategia diseñada al respecto? ¿Por qué el privilegio con los generadores privados en detrimento de las empresas estatales?, volvemos a preguntar.

“Acerca de la deuda de las EDEs con Egehid y ETED, cada empresa es dueña de su estrategia gerencial y financiera, con lo cual no menosprecio ese pasivo que usted cita. Por igual, también debe preocupar que los ayuntamientos, acueductos y 800 mil usuarios tengan deudas súper millonarias con las EDEs y el trabajo es que cada día sean menos. No hay ninguna conjura detrás de eso. El reto es cobrar esa deuda”, fue su respuesta.

Como puede leerse, el funcionario vuelve sobre los 800 mil usuarios que según él “roban la luz”, a pesar de haber admitido públicamente que no poseen contadores, mismos que tiene que proveer a cada usuario las empresas distribuidoras de la que él es presidente del Consejo Unificado.

El funcionario admite por igual debilidad en las Edes y el Consejo Unificado cuando afirma que los ayuntamientos, acueductos y otras dependencias estatales no pagan la electricidad que consumen.

¿Se pretende que la responsabilidad de cobrar a todo cliente su consumo, también es de la sociedad a quien se acusa de ser ladrones de electricidad?

Mientras, ni desde la estatal EGEHID y ETED, se ha reaccionado al respecto. Pues, respecto a las deudas, al parecer, es poco lo que se espera. El propio presidente Luis Abinader, en una intervención en La Semanal, parecía sentir orgullo de que esas deudas no fueran con los generadores privados.

Podría inferirse que de alguna manera justificaba el atraso con las empresas estatales, bajo el alegato de que, por tratarse del mismo dueño, en este caso el Estado, se podría ser más flexible. Es decir, el Estado se sacrifica para favorecer al sector privado.

En la ocasión, el presidente Abinader admitió que el tema no se había tratado en el Gabinete Eléctrico, del que, por cierto, Celso Marranzini es vicepresidente Ejecutivo, lo que no significa que se resolverá honrando las deudas con EGEHID y ETED de la misma manera que con los generadores privados. Mientras, una cosa es cierta, el hoyo financiero del sector eléctrico aparenta ser mayor, pues no incluye la deuda con las empresas referidas.

¿A qué precio se vende a las EDES y a cuánto a Multiparques?

Según el Informe de Desempeño del Sector Eléctrico, de octubre de 2024, publicado por el Ministerio de Energía y Minas, el precio promedio de compra de energía de las empresas distribuidoras a los generadores en junio de 2024 fue de 16 centavos de dólar por kilovatio hora, y el precio promedio de compra en los primeros seis meses del año fue de 15 centavos de dólar por kilovatio hora.

Si la empresa Multiparques, propiedad de Celso Marranzini, compra la energía a EGEHID a menos de 16 centavos por kilovatio hora para venderla más cara a sus clientes del Parque Industrial de Haina, es evidente que el principal funcionario del sector hace un gran negocio desde su empresa privada, pero ¿hasta dónde imposibilita esa práctica que las Edes compren energía barata para reducir su déficit financiero?

Según informaciones de fuentes confiables, el precio de venta de energía de EGEHID a Multiparques es de 11 centavos de dólar por kilovatio hora.

Si se la vendieran a las Edes en lugar de a Multiparques, las distribuidoras tendrían un ahorro de unos 4 centavos de dólar por kilovatio hora con relación al precio promedio de compra en los primeros seis meses del 2024, lo que contribuiría a una reducción del déficit de las quebradas distribuidoras.

De ser así, ¿cómo se justifica que se favorezca a una empresa privada en perjuicio de agravar el déficit de una empresa 100% propiedad del Estado?

¿Es eso justo, equitativo y ético? Frente a lo dicho, documentado en cifras oficiales, Marranzini responde.

“Es oportuno aclararle que cuando se dice que las EDEs compran a un precio promedio de 16 centavos, no quiere decir que Egehid no le venda a 8.5 y que Punta Catalina no les despache a 11 centavos. Lo que ocurre es que las EDEs reciben energía de otros generadores más caros que Egehid y que Punta Catalina. De ahí el promedio”.

Respecto a este último razonamiento, podría tener razón, sin embargo, el funcionario evade referirse a cuestiones centrales, sobre el conflicto de intereses, la ética, posible tráfico de influencias y abuso desde una posición dominante.

¿Pero, es ilegal negociar con el Estado desde una función pública?

Es evidente que además del conflicto de intereses que plantea la relación contractual entre un funcionario público con una entidad estatal, podría tener otras implicaciones de orden legal.

La consulta nos lleva al actual miembro y ex coordinador general del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, Joseph Abreu, quien asegura que, a juzgar por lo preguntado, “el señor Celso Marranzini entra dentro del régimen de prohibición a contratar con el Estado, establecido en el artículo 14, de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, específicamente en su numeral 6)”.

De ser así, abunda, “sería evidentemente un conflicto de intereses, que no se consideraría ético, ni moral, tomando en cuenta que lo moral, en materia de contrataciones públicas, tiene rango de principio (artículo 3, numeral 6), por lo que sería una violación a la ley también”.

Sin embargo, entiende que “lo que debemos evaluar, en ese caso, serían los privilegios que pudiera estar disfrutando por su condición de funcionario presidente del Consejo de las EDES (Condiciones especiales, exclusivas, que no estén al alcance o disposición del resto de clientes de EGEHID)”.

La pregunta la llevamos también al despacho del abogado Jottin Cury hijo, quien tiene respuesta similar, cuando, previa revisión a la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones, argumenta que la misma expresa en su artículo 14 “que no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado las personas jurídicas en las cuales las personas naturales tengan una participación superior al 10 por ciento del capital social (artículo 14.6)”.

Asimismo, dice, “la referida ley indica claramente que los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de la contratación administrativa tampoco pueden contratar con empresas estatales”.

En ese sentido, explica que “resulta contraproducente que un funcionario de una empresa pública contrate con una empresa privada de la que es accionista. Se trata de una prohibición muy obvia que no requiere de mayores disquisiciones ni razonamientos jurídicos. Eso es lo que dispone la ley, pero obviamente que existe conflicto de intereses en casos como el planteado en tu pregunta”.

Hay que destacar que, según nota publicada en el diario Hoy, el pasado 2 de agosto, el gobierno anunció, a través del director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, en un encuentro en el Palacio Nacional con diplomáticos acreditados en el país, la suspensión de los registros de proveedores del Estado a 420 funcionarios, entre estos ministros, alcaldes, directores, diputados y senadores.

“Nunca en la historia se había suspendido la cantidad de registros de proveedores por encontrarse en riesgo de incompatibilidad de acuerdo a lo que establece el artículo 14 de la ley”, dijo Carlos Pimentel en el encuentro convocado por el presidente Luis Abinader al cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales.

Mientras, tanto la oficina de Ética e Integridad Gubernamental, como la Dirección de Compras y Contrataciones no se han referido al tema a pesar de que la denuncia se ha hecho pública.

¿Multiparques es Multiquimica?

La historia viene de lejos. La resolución 60-2004 emitida durante el gobierno de Hipólito Mejía, calzada bajo la firma del entonces superintendente de Electricidad (SIE), George Reinoso, evidencia cómo fue desmantelado el negocio que en la ocasión operaba bajo la sombra de la empresa Multiquímica, propiedad de Celso Marranzini.

Hay que recordar que entonces como ahora, George Reynoso ha sido un técnico cercano a Marranzini, pues en su gestión al frente de la antigua CDEEE, 2009-2012, fue de sus principales funcionarios, relación que aún persiste, ya que en esta administración fue miembro del Comité Técnico del Fideicomiso de Punta Catalina, presidido por Marranzini, y en la actualidad se desempeña como director técnico de Punta Catalina.

Multiquímica operaba como cliente No regulado, al igual que otras empresas de Haina en el período 2000-2004. Según se dijo en la ocasión, Multiquímica comenzó a vender electricidad de manera ilegal a otras empresas del parque.

Cuando se realiza la recompra de Edenorte y Edesur, otras empresas se quejan, pues se trataba de un negocio en una zona de concesión de Edesur, por tanto, presionan a los miembros del Consejo de la SIE para que sea retirada la venta de energía a las otras empresas del parque.

Y según las informaciones, es en ese contexto que, a principios de agosto de 2004 se emitió la Resolución 60-2004 ordenando que, por ser una zona concesionada a Edesur, no podía ser operada, a través de Multiquímica para vender electricidad a las demás empresas.

Luego se convirtió en parque industrial. Se crea Multiparques, se obtiene la clasificación de cliente no regulado con las mismas prerrogativas de las zonas francas, tal y como lo testimonia una nota de la época, publicada por el diario Hoy, en la que el entonces secretario de Industria y Comercio, Francisco Javier García, autorizaba los contratos de dos nuevos parques de zona franca en Azua y Haina, uno de los cuales pertenecía al empresario en cuestión.

Es decir que el señor Marranzini crea Multiparques como operadora del parque industrial, le conceden la condición de Usuario No Regulado (UNR) y se acoge a la misma prerrogativa de los parques de zona franca que compran como cliente UNR para vender a las empresas dentro del parque.

Al respecto, Marranzini recuerda que “Multiparques es una empresa constituida en el año 2005 y aprobada como Usuario No Regulado (UNR) en el 2007, categoría que le confiere la facultad legal de comprar energía como muchos otros parques, industrias, plazas comerciales y clientes que clasifiquen para comprar directamente a los generadores sin cuestionamiento ninguno. Cuando Multiparques inició operaciones yo no servía al Gobierno”, sentencia.

Tal y como dice, distinto de ahora, no servía al Gobierno, por tanto, deja implícita la conciencia plena de que ahora, como servidor estatal, a pesar de la legalidad de una empresa que nadie cuestiona, sí existe conflicto de intereses en las operaciones contractuales.

Pero, ciertamente, Multiparques no es Multiquímica. Es la operadora UNR que vende electricidad a todas las empresas del parque industrial, incluyendo, esta última. Dos empresas, mismo dueño.

Por cierto, ¿además de comprar energía, tanto al sector privado como estatal, qué más hace esa empresa que se llama Multiparques?

Fuente: Panorama