Mientras los representantes sindicales reiteran que la cesantía constituye un elemento innegociable dentro de la reforma al Código de Trabajo, el sector empresarial sigue firme con su propuesta de colocar “topes a la acumulación” en el tiempo a nuevos empleados formales en torno a la indemnización que reciben de sus empleadores por desahucio: cuando se prescinde de sus servicios sin que el trabajador haya cometido una falta.

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael —Pepe— Abreu, explicó a Listín Diario la posición de su sector: “A los empresarios se les dijo que la cesantía era un tema que no se va a negociar. Ellos lo saben. El propio sector oficial (Ministerio de Trabajo) apoyó la propuesta nuestra de no tocar la cesantía. En la reunión interna se habló clarísimo de ese tema, y se dijo que la reforma posible a la que se puede llegar es la que estamos presentando. No hay condiciones para el tema cesantía”.

Reacción de sector empresarial

Al preguntarle sobre ese tema, el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, precisó a este diario: “Hay muchos temas en los cuales hay avances importantes, como el tema de los procedimientos, la jornada laboral, nuevas modalidades; y hay otros temas que todavía no se han consensuado, el de la cesantía es uno de ellos”.

Y siguió, al explicar la propuesta del sector empresarial: “Ha sido no una eliminación de la cesantía, sino una adecuación y que los coloque más cerca de cómo están muchos otros países de la región, respetando los derechos de los trabajadores, pero dotando de mayor certidumbre a las empresas, inclusive en su propia capacidad operativa de pago”.

La iniciativa, detalló Dargam, consiste en un “tope a la acumulación” en el tiempo de “6 años”, que se aplicaría a los nuevos contratos de trabajo, sin afectar “en grandes rasgos” la indemnización que reciben los trabajadores.

“Entendemos que eso es algo que está por encima de la rotación en el mercado actual y que la mayoría de los trabajadores quedarían protegidos”, apuntó el ‘número dos’ del CONEP, al tiempo de agregar que esto es un proceso que conlleva “mucho diálogo”, razón por la que aún no se ha llegado a un acuerdo con las demás autoridades.

Discrepancias entre ambos sectores

Las discrepancias entre ambos sectores sobre la cesantía —una remuneración que debe pagar el empleador al empleado en caso de que el empleado haya sido desahuciado por su empleador—, se han extendido por 11 años, según el titular de la CNUS. Y, aun en 2024, esos desacuerdos persisten.

Sin embargo, tanto el empresariado como el sindicato han sido piezas claves en las discusiones sobre la modificación al Código Laboral, que se promulgó el 29 de mayo de 1992 y se aplicó el 1 de octubre de 1993. En poco menos de dos meses, el código cumplirá 31 años.

Por esa razón, el presidente Luis Abinader y el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, presentaron ayer las propuestas de la reforma laboral, cuyo anteproyecto de Ley se depositará en una semana en el Congreso Nacional. El proyecto, según Abinader, busca mejorar las condiciones y relaciones entre los trabajadores y empleadores.

Pero, para que esas iniciativas se mostraran en La Semanal, la conferencia de prensa de los lunes del mandatario, primero el Consejo Consultivo del Trabajo, compuesto por el sector tripartito: Gobierno, empleadores y trabajadores, tuvo que llegar a un consenso general.

Tal acuerdo, con respecto a la cesantía, aún sigue abierto para los empresarios, según el vicepresidente del CONEP. “Entendemos que todavía hay un diálogo abierto para que exploremos cuál es la modalidad que más conviene y ojalá esto pueda ocurrir en el proceso de reforma actual que estamos viendo”, dijo.

Preguntado sobre la iniciativa del CONEP, Pepe Abreu señaló que primero el gremio propuso la sustitución de la cesantía por un “seguro de desempleo”, pero luego descartó esa idea, y planteó un “tope en el tiempo, estableciendo que la cesantía debía ser hasta tres años; después subieron a cinco años”.

Al ser rechazadas ambas propuestas, el CONEP puso sobre la mesa de discusión otro plan: un “tope salarial”. De acuerdo con el sindicalista, esto se trataba de que la cesantía solo tenga un alcance de “hasta 10 salarios mínimos del sector al que pertenezca el trabajador, y que en ningún momento determinado sea desahuciado o liquidado”. Recordó que, en la actualidad, el tope es a 17 salarios mínimos.

“Eso también se rechazó, y se les dijo que no”, compartió Pepe Abreu a este diario.

El titular de la CNUS reiteró que esta ha sido la “reforma posible”, y llamó a los empresarios a que “estén tranquilos y no seguir con esa presión”. “En definitiva, eso es lo que puede hacerse. Nosotros no vamos a reconsiderar el tema de la cesantía”, aseguró.

La propuesta a la reforma del Código de Trabajo del Poder Ejecutivo incluye: un día adicional de vacaciones al empleado a partir de los tres años en una empresa; subir a cuatro días la licencia de paternidad a los padres por el nacimiento de un hijo; introducción del teletrabajo; proteger y garantizar los derechos a los empleados domésticos; reforzar el “80/20” en el sector laboral; y reducir la sobre judicialización de las relaciones laborales.