Las calles han perdido su dinámica y el buen ánimo, algo considerado cotidiano, ha desaparecido.

Hoy, lo único que destaca en particular en la “Zona Cero” de San Cristóbal es el fuerte resplandor del sol que cae sobre aquellos que se atreven a ir y venir entre esas vías.

Nada de eso es suficiente para devolver la eficiencia comercial y los negocios que permanecen en el área, ni la energía de los compradores que expresa su esfuerzo y trabajo.

Un año después de la catastrófica explosión de una fábrica en San Cristóbal, que arrebató el aliento a decenas de personas, lo que era considerado por muchos como una zona central, debido a la venta de ciertos enseres que solo se conseguían ahí, no representa más que traumas, dolor y nostalgia.

Los familiares de 32 víctimas mortales y de 10 en categoría de desaparecidos a los que aún no se les ha emitido acta de muerte, todavía se resisten a aceptar estas pérdidas humanas cercanas.

Tal es el caso de Judith Montero, la madre de Cheri Vizcaíno, un hombre de 32 años que falleció durante la desgracia.

Para Judith, los días no han terminado de pasar desde ese 14 de agosto de 2021 cuando su hijo salió a acompañar a su esposa a la clínica y se despidió de ella, deseando su bendición, sin imaginar que no volvería a verlo jamás.

Cheri sólo pasaba por la cercanía de la empresa Vidal Plast, donde las autoridades afirman que se originó la explosión y su posterior incendio. Al ser impactado, perdió la vida y dejó en su madre el pensamiento de que volvería algún día a recorrer el camino hasta llegar a su hogar.

“A un año de la muerte de mi hijo, no me he podido recuperar. Todavía me levanto y espero que él llegue, que baje a dejar su motor en mi casa. Para mí no existen días y noches; todos son iguales desde que mi casa perdió su pilar”, aseguró, entre lágrimas.

A sus 52 años, la mujer vive sometida a los fármacos que recetan en sus constantes visitas al psiquiatra para trabajar la pérdida, cuestiones que, pese a las promesas gubernamentales que recibió, cubren sus otros hijos.

“No quiero hablar de ayuda, de todo lo que me prometieron las autoridades, porque ya estoy desencantada. Toda la ayuda que nos prometieron se ha quedado en eso, promesas, pero tampoco me he movido más porque eso no me va a devolver a mi hijo, que es lo único que quisiera”, señaló, manifestando una versión que coincide con otros dolientes.

A una parte de los familiares de los muertos y desaparecidos, la gobernación de San Cristóbal les entrega RD$20,000 mensuales, que son recibidos con agrado considerando que la mayoría perdió a su cabeza de hogar.

“Justicia y verdad”, eso es lo que quieren los familiares, amigos y allegados a las víctimas, quienes se han agrupado en un organismo denominado “La Comisión de la Verdad”, para consolarse entre sí. Afirman que, pese a que la Fiscalía de San Cristóbal presentará en las próximas semanas la acusación formal contra Vidal Plast SRL, y sus propietarios, Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar De Vidal y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, sus “fuentes” han descubierto que “estos no son los culpables”.

“A mí no me importa nada, yo no estoy pidiendo que me entreguen nada de lo que me prometieron, es que se haga justicia, que se diga la verdad porque tal vez así nosotros, como familia, podamos encontrar tranquilidad”, señaló Andrea Mateo, familiar de tres de los desaparecidos.