Los abogados de varios de los querellantes en contra de los implicados en el caso Calamar, denunciaron que el Ministerio Público, busca solo resarcir al Estado dominicano como querellante, producto del acuerdo arribado con Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) y demás involucrados.
El abogado Pablo Benjamin Castillo Mercedes, consideró que la ley prevé que a la víctima, para producirse un criterio de oportunidad se tiene que indemnizar.
Sin embargo, sostiene que el Ministerio Público entiende que la víctima es solo el Estado dominicano y a él es que se tiene que indemnizar y no a los demás querellantes que fueron afectadas.
Indicó que la familia Mota a quien representa, tiene dos millones de metro, en el cual se hizo un procedimiento de expropiación, con falsificación de firma y cobro de poderes falso y que a los querellantes no se ha informado nada.
“Ellos dicen que la Familia Mota, no son víctimas, ellos no quieren indemnizar a las víctimas”, adujo Castillo Mercedes al reiterar que el ministerio público no ha pedido al tribunal que conoce el acuerdo de homologación una indemnización para ellos.
Sostuvo que la indemnización solo a la Familia Mota que representa por cerca de 12 mil millones de pesos, que a su juicio sería proporcionar a los montos que envuelve el sonado caso.
Sostuvo que si se ha violado la norma ha sido en perjuicio de la Familia Mota, Reyes y otras que figuran como querellantes en contra de Jiménez y demás señalados en el acuerdo de homologación.
Mientras que la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó el próximo 22 de agosto el conocimiento de solicitud de criterio de oportunidad de Jimenez y otros señalados en el sonado caso Calamar.
La magistrada suspendió la audiencia a los fines de que se le notifique de manera formal a los querellantes en el proceso el acuerdo de criterio de oportunidad que presento el ente acusador.
La Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) , busca validar el acuerdo de homologación con los testigos Ramón Emilio Jiménez, Belkis Antonia Tejada, José Arturo Ureña, Natalia Cesarina Beltré, Víctor Matías Encarnación, entre otros.
En este proceso judicial, el órgano persecutor acusa a los encartados de realizar, durante el periodo 2016-2020, cobros ilegales junto a la Dirección de Casino y Juegos de Azar, una dependencia del Ministerio de Hacienda.
