El pasado 4 de junio fue depositado ante la secretaría legislativa de la Cámara de Diputado un proyecto de ley que ordenaría la edificación de una base de datos para la recopilación del reconocimiento facial biométrico, registros dactilares y palmares de los ciudadanos dominicanos y extranjeros residentes en el país.
¿PERO, QUE BUSCA ESTE PROYECTO LEGISLATIVO?
De acuerdo con el documento presentado por el diputado Carlos Sánchez Quezada, del Distrito Nacional, ante el órgano constitucional, este tiene el objetivo de identificar a los presuntos autores de un hecho delictivo, por medio de la recolección de estas evidencias.
Asimismo, facilitar la “individualización” de personas procesadas en calidad de imputados y garantizar la prevención de delitos de suplantación de identidad.
Además de estos fines, el proyecto, que aún no ha sido conocida por la cámara baja, aportaría a la búsqueda de cadáveres y personas amnésicas, en estado de coma, mudas o extranjeras, que no puedan comunicarse por “no manejar el idioma específico del lugar donde se encuentran”.
Al igual que adelantar la búsqueda selectiva de datos para establecer la identidad de personas víctimas de hechos delictivos.
Tal es el caso de las desapariciones forzosas, trata de personas, los femicidios y homicidios, entre otros crímenes que así lo requieran.
¿CÓMO SE APLICARÍA?
El legislador, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la circunscripción 3 de la capital, plantea la instalación del sistema moderno de Identificación Combinada (ABIS) en la Procuraduría General de la República (PGR) para lograr el almacenamiento y administración de este banco de información.
De acuerdo con la pieza, será la Policía Nacional, a través de los distintos departamentos de investigación, quien tendrá la responsabilidad de suministrar los datos para su actualización constante.
Mientras que la Procuraduría, institutos de medicina legal y ciencias forenses, por medio de expertos en el ejercicio de la dactiloscopia y lofoscopia, deberán capacitar el personal de la Dirección Nacional de Cedulación, suscrita a la Junta Central Electoral (JCE), en sus funciones de recolección, corrección y actualización de estos aspectos distintivos que otorgarán los ciudadanos.
Estas especialidades de la medicina es la ciencia encargada de estudiar las impresiones papilares de los individuos.
Las huellas y demás informaciones personales, resguardada en la base de datos adscrita al Tribunal Electoral, solo podrá ser consultadas por la PGR, los Institutos de medicina legal y ciencias forenses y las distintas dependencias de seguridad nacional como son la Policía Nacional y cuerpos castrenses “con el único fin de identificación de Personas bajo parámetros electorales, demográficos, migratorios, policiales y judiciales”.
El Tribunal de la Junta Central Electoral, según establece, deberá actualizar de manera continua los datos de dominicanos y extranjeros a partir de los 16 años de edad, ya que es la edad en la cual se detiene la etapa de variación en las huellas dactilares de los seres humanos.
En el caso de que una persona elimine sus registros dactilares con “ácido u otro medio físico”, será el Tribunal Electoral responsable de emitir una constancia para la actualización del sistema tecnológico.
Sin embargo, el proyecto legislativo no indica cuáles serían las consecuencias para los ciudadanos que cometan esta acción.
NUEVO DEPARTAMENTO
Por último, instruirá la conformación del Departamento de Seguridad Cibernética de la base de datos de Identificación Combinada (ABIS) para garantizar, mediante monitoreo constante, la seguridad, principios de confidencialidad, transparencia y el uso correcto de los certificados digitales el acceso.
Los gastos de este departamento serían asignados en la partida anual de la PGR y Policía Nacional.
