La diputada por La Vega del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, fue sentenciada por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia a 5 años de prisión tras ser acusada de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, la legisladora mantiene su inocencia lo que lleva a preguntar, ¿cuáles son los siguientes pasos a agotar en este proceso judicial?
De manera inmediata Pilarte puede recurrir en casación, la sentencia en su contra se suspende hasta tanto esta sea conocida.
Asimismo, si la imputada quiere recurrir al Tribunal Constitucional para una revisión por una presunta violación derechos, puede hacerlo.
Este tribunal tiene la facultad hasta para ordenar que se empiece el juicio de nuevo, pero solo si determinan que los derechos de la acusada fueron violados.
MANTIENE INOCENCIA
“Solo diremos que somos inocentes. Todo lo dejo en manos de Dios y de mis abogados”, exclamó Pilarte luego de conocer su sentencia, que además incluye el pago de 200 salarios mínimos y el decomiso de 14 de sus bienes.
La defensa manifestó que la sentencia aún no es “ejecutable”, ya que apelarán ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia.
“Por su condición de ciudadana, el proceso indica que la sentencia no es ejecutoria nosotros vamos a ejercer nuestros recursos correspondientes y el pleno conocerá nuestros recursos”, explicó el abogado Luis Félix, quien junto a Amado Gómez señalaron que su condición de diputada actual no afecta en si la condena es ejecutable o no.
¿DE QUÉ LA ACUSABA EL MINISTERIO PÚBLICO?
Según el expediente del Ministerio Público, la diputada formaba parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos.
El documento describió que en la investigación se verificó que el modus operandi de la red era colocar sumas cuantiosas de dinero en el sistema financiero y otras ramas de la actividad económica para lograr “diversificar el producto proveniente del narcotráfico, aprovechando y utilizando vínculos familiares y de afinidad para hacer más eficaz dicha actividad ilícita de lavado de activos”.
Asimismo se detalló que se comprobó la existencia de transacciones bancarias realizadas por Pilarte que reflejan montos millonarios, presuntamente producto de las actividades ilícitas del entramado, estableciendo como la mujer es partícipe de la red de lavado junto a su esposo y también acusado Miguel Arturo López Florencio (Miky López).
El órgano persecutor también señaló que Pilarte tenía “pleno conocimiento” de que adquirió varios productos bancarios que se utilizaron para desarrollar un circuito de lavado de activos que tenía como fin “ocultar el verdadero origen de los fondos procedes del tráfico ilícito de drogas”.
La diputada habría colocado en el sistema financiero, según el órgano, más de 4,400 millones de pesos a través de depósitos en efectivo “que no puede justificar” pues por su actividad laboral como odontóloga, la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Impuestos Internos apuntan que la diputada solo había generado por su trabajo formal y lícito por concepto de salarios hasta el año 2021 solo RD$13,571,307.
Similarmente fue acusada de utilizar testaferros. De acuerdo con el referido documento, Pilarte utilizó a su hermana Francia Pilarte para ocultar uno de los vehículos de la estructura.
La legisladora también habría servido de testaferro para su esposo y para otros miembros de la red de lavado de activos, adquiriendo varios inmuebles y traspasándolos a otras personas a nombre de la razón social “Inversiones Inmobiliaria Cutuú, SRL”, representada por su cuñado Manuel Antonio Inoa Valdez.
