Miembros de las diferentes organizaciones que velan y abogan por los derechos de los consumidores, denunciaron las vulnerabilidades de las personas al comprar alimentos a alto costo y el deficiente servicio que brindan algunas instituciones públicas y privadas, sin intervención del Gobierno.

Ayer, en la celebración del Día Mundial del Consumidores, los directivos de esas entidades exigieron una respuesta contundente por parte de las autoridades correspondientes ante las constantes denuncias que presentan y que no son atendidas.

El alto costo de los productos de la canasta básica, el robo de identidad, la inflación y con esto los salarios estancados, sobre todo, en el sector público por el incumplimiento de la ley 105-13, que regula los salarios, unido a la falta de políticas claras para una transición de energética hacia energías limpias y económicas, fueron partes de sus quejas.

“El arroz está caro. La libra de yautía está a 105 pesos, la unidad del plátano a 25 pesos. Todo ha subido de precio”, dijo Altagracia Paulino, presidenta del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco).

Paulino contradijo al ministro de Agricultura, Limber Cruz López, quien informó que los precios de algunos productos de la canasta básica disminuyeron su costo en comparación con años atrás, a lo que esta respondió que “una cosa es lo que ellos dicen y otra es la realidad de los precios en los mercados y supermercados”.

En ese sentido, hizo un llamado al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) a brindar servicio, no solo en la capital, sino también en diferentes lugares a nivel nacional.

Propuso a Pro Consumidor que habilite estafetas o enlaces donde las personas puedan tramitar sus reclamaciones y recibir orientaciones relacionadas con sus derechos.

Señaló que la Constitución tiene un marco legal bueno, pero denunciaron que las leyes no se aplican, lo que conlleva a que los productos pasen por muchas intermediaciones y los consumidores terminen comprando a sobreprecio.

Los directivos de la entidad se quejaron sobre los deficientes servicios de las empresas de telecomunicaciones y energía eléctricas que elevaban los costos de los servicios, sin ningún control y ante todo eso las frecuentes quejas de los usuarios, sin respuestas por parte de las organizaciones que deberían velar por sus derechos.

Los apagones y los costos elevados de las tarifas fueron sus principales preocupaciones. Pero, además, mostraron evidente preocupación al hablar sobre las quejas de innumerables personas que no han podido recuperar lo perdido por las estafas de las bandas que operan desde las cárceles del país.

Revelaron que también tienen reportes sobre usuarios de bancos que han sido víctimas de robos de identidad por elementos que se hacen pasar por empresas que no existen y advirtieron sobre la necesidad del uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA).

“La inteligencia debe ser ajustada y adecuada para los consumidores”, precisaron, al destacar el riesgo del uso de imágenes y voces con los que pueden engañar a las personas, incluyendo el ámbito de las operaciones bancarias y financieras.

En el acto estuvieron presentes miembros de la Fundación por los Derechos del Consumidor, Asociación Dominicana de Educación y Protección al Consumidor (Adeproco), entre otras entidades.

Pro Consumidor

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, acusó a dirigentes políticos de oposición camuflajeados de representantes de organizaciones sin fines de lucro, de crear un ambiente de incertidumbre y confusión con los temas que tienen que ver con los productos de la canasta básica alimentaria, con propósitos “plenamente electoreros”.

Alcántara dijo que esos dirigentes políticos y miembros de organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores, entre los que se encuentra la esposa del director de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo (FP), Daniel Toribio, y ex directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino, de querer “dar a entender a la sociedad dominicana que esta institución puede controlar los precios de los alimentos”.

Recordó que la ley número 13 que creó la Dirección General de Control de Precios fue suprimida por la ley 358-05 de protección al consumidor, la cual no regula precios debido al libre mercado de ofertas y demandas que rige en República Dominicana.

“Estas personas, que buscan sacar capital político con sus declaraciones sin fundamento, quieren crear, en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, un ambiente de incertidumbre e irrealidad frente a los precios de los alimentos”, dijo el funcionario.

Dijo que asumen ese discurso teniendo conocimiento pleno de que la inflación ha afectado a todos los mercados mundiales, pero su impacto ha sido en menor proporción en el país, comparado con otras naciones de la región, según los últimos levantamientos realizado por el Consejo Centroamericano y República Dominicana de Protección al Consumidor (Concadeco).

Alcántara citó la última comparación de precios de los productos básicos por unidad de la canasta alimentaria presentada por el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC), en la que se evidencia que la República Dominicana sigue siendo el tercer país con el costo más abaratado de la región.

Manifestó que estos políticos de oposición falsean la verdad cuando tratan de atribuir a la República Dominicana de que posee los productos de la canasta básica alimentaria “más caros” de la región.

Destacó que debido a la adecuada política económica del gobierno del presidente Luis Abinader, “la República Dominicana es uno de los países de la región donde la inflación generada por la pandemia del coronavirus y la guerra entre Rusia y Ucrania, ha tenido menos impacto”.

El funcionario habló al finalizar la misa oficiada con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, en la parroquia Divino Niño Jesús, del sector Las Praderas, de la capital.

Alcántara retó a esos dirigentes de oposición vinculados a esas organizaciones de defensa de consumidores, a que hagan un ejercicio serio de investigación del costo por unidad de los productos básicos de la canasta alimentaria de toda la región, “y podrán comprobar lo que anteriormente hemos manifestado”.