El Consejo de Defensa del imputado Jean Alain Rodríguez calificó de “extorsión y deslealtad procesal” los acuerdos que siete involucrados en la Operación Medusa llevaron a cabo con el Ministerio Público al admitir su culpabilidad en las acciones que se les imputan.

En un comunicado, los juristas Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Nelys Rivas, indicaron que los miembros de la Procuraduría General de la República incluyeron en su acusación a más de 30 personas que, según afirman, no conocen al ex procurador general. Por tanto, entienden que estos imputados fueron forzados a declararse culpables a través de acuerdos.

Precisan que con estos acuerdos, el órgano acusador demostró que este caso no está “blindado” como sus representantes han manifestado en reiteradas ocasiones.

“Realmente se ha confirmado que eran falsas las narrativas de la acusación y que el expediente es una novela de rencor personal, no un caso blindado”, detalla el comunicado.

Además, acusan al Ministro Público de lograr estos acuerdos utilizando métodos prohibidos y torturas psicológicas, las cuales, aclaran, son sancionadas sobre las convenciones de los derechos humanos y las ley.

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“Estos acusados de hechos graves, asistidos por abogados aprobados

por la Procuraduría, son realmente víctimas de un grosero e ilegal chantaje a través del cual los obligaron a reconocer su culpabilidad bajo amenazas de enviar a la cárcel sus padres, tíos, esposos y esposas y otros familiares incluidos en la acusación, ofreciéndoles a cambio de esa confesión la exoneración de culpa de esos familiares y para ellos, por admitir esa culpabilidad, gestionarles una condena simbólica de hasta 3 años de cárcel suspendida, es decir, sin ir a prisión un solo día, siempre y cuando admitieran en audiencia pública la teoría del Ministerio Público para así estos no quedar como mentirosos, a lo que penosamente accedieron para proteger sus familiares que incluyen personas enfermas y con más de 70 años de edad”, agrega.

En la audiencia de juicio preliminar presidida por el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, sesos imputados y una empresa vinculada al proceso hicieron la declaratoria de culpabilidad.