AGENCIA AP

Ciudad de Guatemala, Guatemala

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo denunció penalmente ayer jueves por “incumplimiento de deberes” a la cuestionada fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quien emprendió en 2023 una cruzada judicial que puso en riesgo la transición presidencial.

“Con instrucciones del presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación a mi cargo, presentó hoy una querella penal” contra “la fiscal general” y un pedido para retirarle la inmunidad, informó el procurador general (abogado del Estado) Julio Saavedra, tras presentar la denuncia ante la Corte Suprema.

“Esta querella se genera ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo el presidente de la República para participar en la junta de gabinete del pasado 29 de enero”, agregó.

RETIRO ANTICIPADO

En aquella reunión en la Casa Presidencial, Porras se retiró anticipadamente al argumentar que la ley le prohibía participar en una junta de ministros, pues infringía la autonomía del Ministerio Público (fiscalía).

Sin embargo, Saavedra señaló que la ley del Ministerio Público le obliga al fiscal general a “atender las convocatorias del presidente”.

“El rehusarse a participar en esa junta de gabinete, podría enmarcarse en una conducta delictiva […] como incumplimiento de deberes”, afirmó.

Arévalo ganó ampliamente las elecciones con la promesa de combatir la corrupción que afecta al país, lo que encendió las alarmas de la élite político-empresarial que controlaba Guatemala.

La comunidad internacional atribuye a este temor los esfuerzos de la fiscal para tratar de sacar del camino a Arévalo con polémicas investigaciones contra él y su partido Semilla, que fue inhabilitado por la justicia por pedido de la fiscalía.

– Sancionada por EEUU y UE –

Arévalo carece de facultad legal para remover del cargo a Porras, pero le ha pedido públicamente que renuncie, tras acusarla de haber orquestado un intento de “golpe de Estado” con maniobras judiciales para evitar que él asuma la presidencia.

La fiscal está sancionada desde 2021 por Estados Unidos, que la considera “corrupta” y “antidemocrática”. La Unión Europea también la sancionó el pasado 2 de febrero.

Washington y la Unión Europea la señalan de “socavar la democracia” por sus polémicas investigaciones y decisiones, entre ellas una que consideraba “nulas” las elecciones de 2023 ganadas por Arévalo.

La procuradora, cuyo mandato vence en 2026, no ha comentado hasta ahora la querella en su contra.

Saavedra detalló que ahora la Corte Suprema debe “valorar” la denuncia y “ordenar el nombramiento de un fiscal especial que investigue las implicaciones de esa negativa de la fiscal general a participar activamente en las reuniones de gabinete”.

Porras, quien se niega a dejar el cargo, invitó a Arévalo a una reunión de trabajo en la Fiscalía a inicios de febrero, pero éste rechazó la invitación y la delegó al ministro del Interior, Francisco Jiménez.

“Esta va a ser una de varias acciones que se estarán emprendiendo por parte del Ejecutivo en contra de todos aquellos actores corruptos, aquellos actores que están en contra del Estado de derecho”, apuntó el secretario general de la Presidencia, Juan Guerrero, quien acompañó al procurador a la Corte Suprema.