Hablar de préstamos y endeudamientos tiende a llevar a una connotación negativa. Y si a eso le agregamos cifras de millones de dólares capaces de impactar a un país, toda una sociedad se puede alarmar.
Las críticas y cuestionamientos que surgen desde la oposición política, así como de varios sectores de la sociedad civil sobre los préstamos que toma el gobierno dominicano, siguen la estrategia de repetir grandes cifras para atemorizar sobre una posible repercusión. Sin embargo, los empréstitos solicitados tienen una finalidad que suelen ser obviadas por altos números.
Cuestiones como la pandemia del Covid-19, hacer frente a problemas como el acceso al agua y electricidad, apoyo presupuestario, construcción de obras y otras inversiones, son parte de las razones por las cuales los deciden tomar préstamos
“Tomar un préstamo a nivel de gobierno, o de Estado, puede ser comparado como la necesidad que tiene una familia de llegar a fin de mes o de querer adquirir una casa. No tienen el capital entero para hacerlo, pero sus ingresos le permitirán, en un corto o largo plazo, poder solventar esa deuda tomada”, coinciden varios economistas consultados.
Y es que más allá de los ingresos que puede tener el país, los gastos suelen superarlos, creando un déficit, el cual tiene décadas, por lo que diferentes gobiernos han tenido que verse en la necesidad de, para construir obras y llevar a cabo proyectos, recurrir a financiamientos extranjeros que permitan su desarrollo.
El actual gobierno del presidente Luis Abinader, ha remitido al Congreso Nacional unos 46 contratos de préstamos por diferentes montos y con distintas finalidades que serán descritas en el presente trabajo.
Para ello, este medio realizó una base de datos recolectando información de la plataforma de datos abiertos, así como del Sistema de Información Legislativa del Congreso Nacional y los portales de transparencia de distintas instituciones, fuentes se las extrajo los detalles de todos los préstamos tomados y sus motivos los cuales, por ser muy variados, agrupó en 10 áreas:
– Agua y electricidad
– Apoyo presupuestario e imprevistos
– Asistencia Social
– Covid-19
– Educación
– Medio Ambiente y agropecuaria
– Modernización
– Obras
– Transporte
– Turismo
Cada una de estas áreas contiene al menos un préstamo tomado por el gobierno desde su inicio el 16 de agosto del año 2020 hasta la fecha, con unas pocas excepciones de contratos negociados por la pasada gestión y recién conocido por el Congreso Nacional en el presente tren legislativo.
Agua y electricidad
En materia de dos servicios públicos fundamentales como lo son el acceso al agua y la electricidad, se ha tomado la mayor cantidad de préstamos para enfrentar problemas que mantiene el país desde hace décadas: El acceso al agua y a energía eléctrica estable.
Iniciando por el preciado líquido, se han firmado seis convenios con distintas instituciones bancarias internacionales para realizar saneamientos, gestionar recursos hídricos, mejorar el abastecimiento de agua y construir obras que, en términos generales, logren eficientizar el uso de este recurso, las cuales estarán a cargo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri); el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y en también por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd)
Entre las obras planeadas a ser desarrolladas con los financiamientos solicitados, aparece el saneamiento pluvial y sanitario de la Cañada de Guajimía, la ampliación del acueducto oriental y barrera de salinidad a Santo Domingo Norte y programas de saneamiento a “ciudades turísticas y costeras”, así como un programa de modernización para el sector de agua potable.
En lo concerniente a la electricidad, los préstamos tomados están enfocados en la eficiencia, eficacia y reforma energética y eléctrica del país, apuntando así a reducir pérdidas y por ende disminuir el déficit que existe.
Específicamente, cinco de los seis financiamientos buscan ejecutar programas y políticas públicas destinadas a la sostenibilidad, eficiencia y reformas del sector eléctrico. Mientras que el restante tiene como objetivo la “expansión de redes y reducción de pérdidas técnicas eléctricas en la distribución”.
Apoyo presupuestario e imprevistos
Dentro de este renglón cabe destacar una excepción, y es que se incluyeron cinco solicitudes que hizo el Poder Ejecutivo para emitir y colocar valores de deuda pública, disposición también contemplada en varios presupuestos de Estado.
Las emisiones de valores de deuda, el Estado lo realiza a través de bonos o certificados, que son formas de captar recursos que a su vez paga atractivas tasas de interés a quienes deciden adquirirlos, por lo que no se consideran como un “préstamo”. Además, el uso que se le da a los fondos obtenidos usualmente se contempla como “apoyo presupuestario” para distintas necesidades del gobierno.
No obstante, en este renglón, aparecen también dos préstamos sujetos a “imprevistos”. El primero de ellos, que ya se encuentra disponible, se trata de un convenio con el cual se pretende crear políticas de desarrollo de gestión de riesgos de desastres, que a su vez tiene una opción de “desembolso diferido” en caso de que ocurra una “catástrofe” en el país.
Mientras que el otro préstamo, aunque no está disponible para el gobierno, ya que no ha sido aprobado por el Congreso Nacional, consiste en un crédito que, cuando sea sancionado por el Poder Legislativo, puede ser ejecutado en motivo de “respuesta a emergencias y resiliencias en el país”.
Asistencia Social
El programa Supérate, de asistencia y protección social, ha sido también beneficiado con recursos solicitados para poder sobrellevar la misión de “crear estrategias de lucha integral contra la pobreza en el país”.
A través de dos contratos de préstamos, que fueron derivados para su ejecución al programa Supérate, este organismo de Estado utiliza los fondos para crear un “programa de apoyo a la consolidación de un sistema de protección social inclusivo” y un proyecto de apoyo a la “implementación de estrategias de Supérate y el fortalecimiento del sistema de protección social”.
Dentro de este renglón, también aparece un convenio para financiar un proyecto de “inclusión productiva y resiliencia de jóvenes rurales pobres” que ejecuta el Ministerio de Economía.
Covid-19
Los múltiples daños económicos que causó a nivel mundial la pandemia del Covid-19, requirió que muchas naciones tuvieran que recurrir a nuevos endeudamientos para hacer frente a las estrictas medidas implementadas que buscaban evitar más contagios y así superar la enfermedad.
La desaceleración económica sufrida por la República Dominicana, así como la necesidad de comprar vacunas y aumentar los programas de asistencia y protección social, requirió la firma de cinco préstamos destinados a hacerle frente a la pandemia, ejecutados por el Ministerio de Hacienda.
Los cinco créditos tomados fueron destinados, según los propios contratos, al fortalecimiento y desarrollo de políticas públicas, apoyo de emergencia, gestión fiscal y, en términos generales, responder a los efectos causados por la crisis que generó el Covid-19.
Educación
En materia educativa no se han buscado grandes financiamientos externos durante estos cuatro años. En este período solo aparecen dos préstamos, de los cuales uno se mantiene detenido en el Congreso Nacional, siendo también uno de los contratos suscritos durante el gobierno del expresidente Danilo Medina.
El referido convenio se firmó en el año 2019 e iba a ser ejecutado por el Ministerio de Educación para el financiamiento del “Pacto Nacional por la Educación“. Sin embargo, tras ser aprobado por la Cámara de Diputados en el 2021, fue detenido en el Senado y hasta la fecha no se ha vuelto a conocer.
Sumado a este, el otro crédito tomado para el área educativa corresponde a un financiamiento para el “mejoramiento de la educación y formación técnico profesional”, que es ejecutado por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).
Medio Ambiente y agropecuaria
Dentro del área verde, el gobierno solicitó cuatro financiamientos que, aunque se pueden englobar todos en el renglón de medio ambiente, vale hacer la aclaración de que la mitad de estos van dirigidos puntualmente al sector agropecuario.
En ese sentido, los dos primeros préstamos son ejecutados por el Ministerio de Medio Ambiente, los cuales corresponden a la realización de dos programas: uno para la “agroforestería” y gestión integral de recursos naturales, y el otro para la “gestión integral y sostenible de residuos sólidos en el Gran Santo Domingo”.
Mientras que, en el otro renglón, aparecen los créditos tomados para el desarrollo de dos proyectos de “sanidad e innovación agropecuaria” y “fortalecimiento del sector agropecuario con enfoque tecnológico y sostenible”.
Modernización
Un área al cual el gobierno decidió buscar recursos para invertir y mejorar programas, fue en el renglón de modernización e innovación tecnológica, firmando cuatro convenios de crédito.
En primer lugar, aparecen dos préstamos que fueron tomados para mejorar la conectividad y la “transformación digital” del país y el otro con la finalidad del “fortalecimiento de la gestión del servicio civil” en el país, a ser ejecutados por Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) y el Ministerio de Administración Pública (MAP), respectivamente.
Los restantes dos son destinados al financiamiento del programa de “apoyo a la agenda de transparencia e integridad” y al “sistema flexible de empleo RD-Trabaja”, los cuales son ejecutados por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y el Ministerio de Trabajo.
Obras
A pesar de que en todas las categorías existen obras a ser realizadas, de manera puntual se han tomado préstamos destinados exclusivamente a realización de estructuras específicas.
En esta categoría se encuentra la rehabilitación y ampliación del Puerto de Manzanillo, en la provincia Monte Cristi, construcción que destinada a ser ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas.
También aparece el proyecto de apoyo al “Programa Nacional de Viviendas”, que realiza el Ministerio de la Presidencia (Minpre) y la construcción de obras complementarias de riego y suministro de agua de la recién inaugurada Presa Monte Grande en la provincia Barahona.
Transporte
En materia de transporte, la prioridad del Gobierno en la búsqueda de créditos en el exterior apunta a dos finalidades: La continuación y ampliación del Metro de Santo Domingo y la realización de diferentes programas de reformas y apoyo a la movilidad, transporte terrestre y seguridad vial en el país.
Con respecto al Metro de Santo Domingo, las motivaciones de los préstamos tomados indican que unas tres inversiones están destinadas a aumentar la capacidad de transporte de la línea 1, mientras que el restante crédito es para la construcción de la Línea 2C, que llegará al municipio Los Alcarrizos. El dinero se remitió a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), entidad a cargo de estas obras.
Seguido de esto, hay cuatro préstamos tomados con el propósito de desarrollar programas de apoyo a la movilidad, transporte terrestre y seguridad vial del país, así como una reforma a cada uno de estos puntos. Un detalle adicional detrás de esta cantidad de financiamiento, es que cada uno corresponde a una fase del mismo programa.
Por último, aparece un préstamo que busca desarrollar un programa de “rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial en la República Dominicana”, que apunta a carreteras, calles, puentes y otras obras en distintos puntos de la geografía nacional.
Turismo
Finalmente, aparece un solo préstamo destinado al área del turismo, y que tiene como finalidad el financiamiento del proyecto de “Gestión Costera Sostenible” el cual, según una carta remitida por el presidente Luis Abinader al Congreso Nacional, tiene como objetivo “restaurar y preservar zonas costeras prioritarias de uso turístico.
Asimismo, el préstamo, que es ejecutado por el Ministerio de Turismo, busca “fortalecer el marco legal e institucional y la capacidad para la gestión de integrada de las zonas costeras”.
¿Cómo se buscan y ejecutan los préstamos?
La metodología usada por los gobiernos para buscar financiamientos consiste en que un representante del Estado se conecta con una entidad bancaria internacional y acuerdan los términos de los préstamos que luego se firman en un contrato entre el organismo financiador y el estado dominicano, una práctica similar a la de un civil que busca un crédito.
Sin embargo, para poder acceder al dinero solicitado, según la Constitución dominicana, el Poder Ejecutivo debe remitir al Congreso Nacional los contratos firmados para su ponderación y aprobación. En caso de tener el visto bueno, debe ser conocido y sancionado en una única lectura por la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Tras tener la sanción favorable del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo debe promulgar el contrato del préstamo y cumplir con las condiciones previas antes de la entrada en elegibilidad del crédito, las cuales pueden variar dependiendo el organismo financiador.
Actualmente, removiendo los créditos que aún no cuenta con el aval del Congreso Nacional y los pedidos de autorización para emitir deuda pública, el gobierno de Luis Abinader ha tomado 43 préstamos, por un monto global de USD 6,345,019,204.00
¿Cómo lo hicimos?
Para realizar el trabajo recopilamos informaciones del portal de Datos Abiertos, el Sistema de Información Legislativa del Congreso Nacional y los portales de Transparencia de diferentes instituciones.
Luego, toda la información fue colocada en hojas de cálculos, donde fue limpiada y organizada, para después proceder con la interpretación de todos los datos obtenidos.
