En ocasión de la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 diciembre, el Defensor del Pueblo lanzó su primer informe de derechos humanos.

El informe establece que la salud y los abusos a la integridad son los derechos más vulnerados en República Dominicana, siguiendo posteriormente el derecho al trabajo, la justicia y la igualdad.

La poca cobertura del seguro médico, la exclusión del mismo al momento de una pensión, el alto de costo de los medicamentos, entre otras situaciones, contribuyen a la vulneración del derecho a la salud, factores por los que ocupa el primer lugar en el reclamo de los dominicanos, según la percepción del 67% de la población.

El titular del órgano constitucional, Pablo Ulloa, indicó que los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2023 señalan que clínicas y hospitales se posicionan entre los cuatro lugares de mayor vulneración de derechos del país. Resaltó que la problemática refleja la distorsión de todo el sistema y el desamparo de la población.

Denuncias de atropellos policiales

Asimismo, precisó, que la integridad personal se posicionó como el segundo derecho más demandado por la ciudadanía. Dijo que el abuso policial alcanzó el 59% de las denuncias de atropellos.

Explicó que el 53% de los consultados calificó a la Policía Nacional como la institución que menos respeta los derechos en la nación.

“Se describieron escenas de abuso de poder, arbitrariedad policial, represión psicológica, agresión física, uso desproporcionado de la fuerza y crueldad. […]. Un 40% declaró que el hecho lamentable ocurrió en un destacamento de la uniformada”, especificó el Defensor.

Al referirse a otros de los pilares del informe, Ulloa resaltó que el trabajo, la justicia y la igualdad ocupan la tercera posición entre los derechos más desafiados en el país.

Se refirió al trabajo infantil, la discriminación en el acceso y pago de labores, así como la trata de personas con fines de explotación sexual y comercial. Además, declaró que el Informe mostró que una gran cantidad de dominicanos considera que hay privilegios en el cumplimiento de las leyes.

Sobre la igualdad, expuso que la población entrevistada denunció la diferencia de trato por parte de autoridades e instituciones hacia algunos grupos dentro de los que se destacan: personas con alguna discapacidad, de sexo femenino, entre otras condiciones.

Pablo Ulloa exclamó que los déficits de derechos que se analizan en el Informe Nacional de Derechos Humanos develan el insuficiente desempeño del Estado en cumplir su misión esencial de proteger a las personas.

Dijo que el 54 % de las personas que aseguraron en las entrevistas violación de algún derecho durante los últimos doce meses y que presentaron denuncias ante las autoridades, dijo que la respuesta fue mala/muy mala; el 17 % no recibió respuesta, otro 17 % encontró que la respuesta fue regular y solo 13 % la juzgó buena/muy buena.

Especificó que el 57 % de la población dominicana percibe que los derechos humanos en el país son poco o nada respetados, mientras que el 42 % opinó que son algo o muy respetados.

En un acto que contó con la presencia de Ndaba Mandela, nieto del extinto líder sudafricano Nelson Mandela, el Defensor resaltó que el objetivo del informe es impactar de manera significativa en la formulación de políticas públicas, a fin de promover y salvaguardar los derechos humanos en República Dominicana.

Llamamientos a la sociedad

Al concluir el Informe, el Defensor del Pueblo instó a las autoridades de la Administración Pública a implementar políticas efectivas que garanticen el acceso a servicios de salud de calidad, seguridad y régimen de consecuencias ante el uso desproporcionado de la fuerza parte de los agentes de la uniformada.

Recomendó al Estado disponer de acciones que favorezcan la prevención y erradicación del trabajo infantil; programas que promuevan la paridad de género, fomento a la diversidad y erradicación de cualquier forma de discriminación laboral.

Además de acciones que contribuyan a combatir y perseguir la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado, castigando a perpetradores, pero también a sus cómplices.

De igual modo, Ulloa abogó por la ejecución de políticas estatales que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades a las personas con alguna discapacidad.

“Con gran convicción, ratificamos nuestro compromiso irrevocable con la promoción, difusión y educación en materia de derechos humanos en República Dominicana. La protección de estos derechos no solo es un mandato jurídico, sino una responsabilidad ética que guía nuestras acciones”, agregó Ulloa.