Convencido de las ventajas que ofrece esa herramienta al sistema judicial, el presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, Paul Enriquez Franco Zamora, propone la creación de un banco informático jurídico.
En su participación el Desayuno de Listín Diario, el magistrado constitucionalista planteó la elaboración de una gran base de datos, conectada, tanto a nivel nacional, como internacional.
Explicó que se requiere una red judicial cibernética, que agrupe los precedentes de los tribunales, y las normativas nacionales e internacionales.
Precisó que hay mucha gente que está trabajando en ese tema en el ámbito judicial y que en cada país ya hay un experimento.
“Para qué cargar con tu compilación de normas y de leyes si todo lo vas a tener ahí, y certificado, además. Deberíamos tener un banco informático jurídico, porque no solamente se trata de agrupar los precedentes de un solo país, sino de todos.”, sugirió.
Expuso que luego de certificado por los órganos competentes de cada país, hay que agrupar los criterios de interpretación, del esquema virtual del razonamiento jurisdiccional, con determinados casos judiciales para llegar a contar con una gran “big data” de interconectividad legal.
Señaló que ya sería el lugar donde se compartirán las experiencias, ya no solamente interactividad de los sistemas, sino las buenas prácticas que tienen las cortes y los litigantes.
Puso como ejemplo que en su país, Bolivia, se le da seguimiento a la Corte Constitucional Colombiana y que todos los países están atentos a lo que dice la Corte Internacional de Derechos Humanos. En ese sentido, indicó que en vez de estar buscando de manera aislada, se deben reunir todo los datos.
“Nosotros, el profesor Velandia y yo, nos estamos poniendo de acuerdo para hacer un laboratorio de inteligencia artificial en la Asociación Mundial de Justicia Constitucional”, adelantó.
Especificó que cuando habla de justicia constitucional se refiere a tribunales, salas o cortes constitucionales.
Reconoce que es un tema bien complejo, que no llega de la noche a la mañana, porque amerita medición, pruebas y un conjunto de cuestiones.
Mientras, el abogado Namphi Rodríguez entiende que hay que administrar la Inteligencia Artificial jurídicamente desde la perspectiva del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales.
Explica que cualquier desarrollo que se haga del tema en la jurisdicción constitucional y judicial debe anteponer la observancia de la Constitución, del ordenamiento jurídico y de los derechos fundamentales.
“En países con amplia libertad de expresión como República Dominicana hay que tener a la vista los riesgos de la IA para el sistema democrático mediante la utilización de algoritmos para manipular a los electores, por eso debemos exigir mayor transparencia en los algoritmos.”, recomendó.
Advirtió que en otros países se están registrando escenarios de “sobremanipulación” de la opinión pública.
En el caso de la República Dominicana, planteó que las altas cortes dominicanas, que integran el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Poder Judicial, deben abrir un debate amplio que integre juristas, economistas, ingenieros, humanistas y otros especialistas, que permita conocer a profundidad la naturaleza de la nueva tecnología.
“Creo importante la propuesta de crear una red que permita desarrollar el Derecho Constitucional comparado, explorando cómo los tribunales constitucionales de los distintos países ofrecen solución a problemas similares.”, enfatizó.
En ese sentido, sugirió que se debe procurar la protección de datos personales.
“Hay que tener en cuenta que puedan generar sesgos sociales, discriminación y afectación de derechos y conquistas sociales.”, manifestó.
Experiencias con el uso de la tecnología
Caso colombiano
El jurista Eduardo Andrés Velandia Canosa, nativo de Colombia, expuso la experiencia de su país.
Explicó que desde 2019, la Corte Constitucional Colombiana, implementó dos sistemas de IA: Pretoria y Prometea. Lo hicieron en las acciones de tutela o amparo en salud.
Precisó que las estadísticas del 2019 establecieron que la Corte Constitucional recibía 2,770 casos de tutela al día, que le llegaban de todas las jurisdicciones judiciales de Colombia, debido a que en esa nación el ciudadano puede acudir ante cualquier juez de cualquier demarcación y pedir la protección de sus derechos fundamentales.
Explicó que cuando se reúnen todos los casos, se deben enviar a la Corte Constitucional, que tiene que leer las sentencias para determinar cuáles de esas se selecciona para revisión.
Expuso que ese trabajo lo venía haciendo estudiantes de derecho para optar por el título de grado, voluntarios que prestan sus servicios.
Recordó que se presentaron asuntos de corrupción en la Corte Constitucional, tras denuncias de coima que destapó un escándalo, al determinarse que a través del sistema humano se estaba manipulando los casos de tutela, lo cual había que controlar.
“La Inteligencia Artificial la puede controlar, podría leer eso, en cuestión de dos horas analizaba los 2,770 casos, está documentado, en páginas oficiales. Eso empezó a controlar ese problema.”, destacó.
Sostuvo que debe haber un seguimiento y una concienciación permanente sobre la IA, porque de lo contrario la gente lo olvida, deja de manejar el sistema y lo suelta.
De inmediato, indicó que le han informado que la Corte Constitucional de Colombia casi ya no está utilizando ese sistema de IA.
“Están retrocediendo, que es un error, y volviendo a la inteligencia humana, por eso la concientización tiene que ser permanente.”, planteó.
Caso Boliviano
Paul Enriquez Franco Zamora, presidente del TC de Bolivia, expuso que la tecnología ya está presente en todas las áreas y en todas las instituciones, no solo pública, también privada.
Expuso que ante el cierre que se produjo de las ciudades, la imposibilidad de transitar, por declaratorias de emergencia sanitaria, producto de la pandemia de Covid 19, implementaron un buzón digital constitucional.
Dijo que crearon una plataforma en la cual se carga la información en digital y que ese documento es el que pasaba a revisión.
“Dimos una solución rápida, inmediata, no la mejor, porque evidentemente, se tuvo que hacer sobre la marcha, pero se constituyó una reacción.”, precisó.
Enfatizó que dieron la oportunidad a la gente de innovar y tener un buzón, a través del cual podía presentar sus solicitudes y sus memoriales de defensa.
Destacó que el recurso humano se ha optimizado y se ha usado en las áreas donde se necesitaba.
Resaltó que han avanzado, pero comparó que no tienen la ventaja de la Corte Constitucional de Colombia de revisar primero, para decidir cuáles recursos conoce.
“En mi país (Bolivia) tenemos que recibir todas las instancias, no podemos rechazarlas ni apartarla, tiene que haber una resolución”, puntualizó.
Expuso que en el ámbito de la justicia constitucional están inmersos los derechos humanos, y que por eso se creó el buzón, ya que los ciudadanos no podían ir a los tribunales para presentar su reclamación producto de la vulneración de un derecho.
Caso dominicano
El abogado constitucionalista Namphi Rodríguez habló de la experiencia dominicana en el uso de la tecnología y la incursión en audiencia virtuales.
Indicó que en sentido general, el Tribunal Constitucional implementó, a raíz del Covid, las audiencias virtuales. Señaló que hubo todo un debate del tema, sobre todo en materia penal, donde se ponía en riesgo principios esenciales, como el de inmediación y otros.
Puntualizó que eso hizo que el Colegio de abogados llevara una acción al Tribunal Constitucional contra la resolución que emitió el Consejo del Poder Judicial para la instaurar las audiencias virtuales, la cual fue declarada inconstitucional, por incompetencia del órgano para dictar aprobar ese tipo de medidas.
Agregó que después de un consenso, el Congreso Nacional se aprobó la ley sobre uso de medios digitales. NO obstante, entiende que la implementación ha sido muy tímida.
“En el sistema de justicia dominicano no aplicamos la IA, ni en la ordinaria ni en las jurisdicciones especializada como el Constitucional.”, indicó.
Igualmente, expuso que en la República Dominicana no se tiene una recepción para evaluar los méritos de los casos, como en el caso Colombiano, que equivale a un filtro.
“Aquí todo es una sentencia, la inadmisión, el rechazo, firmada por 9 de los 13 jueces del Constitucional”, precisó al citar el caso de la justicia constitucional.
Congreso
Los expertos en derecho constitucional de Bolivia, Colombia y República Dominicana participan como expositores en el VI congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional Santo Domingo 2023, que se celebró del 23 al 25 de noviembre. En el evento disertaron sobre la justicia constitucional basada en la inteligencia artificial, el uso de algoritmos e inteligencia artificial y sobre la libertad de expresión.
