A mediados de la semana pasada, el Ministerio Público anunció la desarticulación de una supuesta red que se dedicaba a la falsificación de documentos públicos, a través de un operativo en conjunto con la Junta Central Electoral (JCE), en lo que fue denominada “Operación Colibrí”.
En este amplio operativo se reportaron la movilización de 20 fiscales y más de 200 agentes policiales, quienes realizaron 18 allanamientos en los que se arrestaron a más de una docena de personas, incluyendo a dos empleados de la JCE.
Pero, ¿de qué se le acusa a los implicados en el caso Colibrí?
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público, los imputados suplantaron identidad de personas dominicanas fallecidas para facilitar a ciudadanos haitianos actas y cédulas dominicanas.
Para esto, solicitaban actas de nacimiento, matrimonio, divorcio o defunción de diferentes personas, para luego de obtener el acta original emitida por la JCE, borrar los datos y colocar informaciones de las personas que le solicitaban los servicios de falsificación, imitando además contrastes de seguridad interno, apostillando los documentos luego de adulterarlos para que se pudieran hacer en el extranjero.
Similarmente, hacían alteraciones significativas en actas de nacimiento para obtener pasaportes
De igual modo utilizaban la autenticidad de los documentos públicos de la Junta para falsificarlos, adulterarlos y borrarlos afectando sistema de Registro Civil dominicana, a fin de obtener beneficios económicos.
También falsificaron documentos de organismos de seguridad del Estado, como del J2, Interior y Policía, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), además de facilitar licencias de conducir falsas usando plantillas del plástico con el logo o timbre del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
El Ministerio Público también aseveró que utilizaban negocios de fachada, como centros de internet y computación, cuando en realidad estos funcionaban como laboratorios para crear los documentos públicos y privados falsos.
HOJAS TIMBRADAS
Los fiscales afirmaron que los implicados en el caso lograron obtener hojas timbradas de la Junta con numeraciones asociadas a eventos ya utilizados por otras personas para hacer alteraciones de datos sustanciales y falsificar los datos del evento original a los fines de ser utilizadas en transacciones comerciales, adquisición de vehículos, traspaso de propiedades.
Asimismo, indicaron que los imputados tenían en su poder grandes cantidades de hojas timbradas de la jurisdicción inmobiliaria para luego hacer alteraciones de certificados de títulos de propiedad.
De manera similar, poseían hojas timbradas del Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas); del Banco de Reservas de la República Dominicana; del Poder Judicial; y del Ayuntamiento de Santiago, utilizadas para crear falsas declaraciones tardías de alcaldes pedáneos con datos falsos.
¿QUIÉNES SON LOS IMPUTADOS?
Los imputados son Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Reyes, Yanuel Morales, Noel De Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amauris Ramírez, José Carlos Montero Troncoso, Rubén Darío Núñez.
Al grupo de les acusa de violar los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150, 151 del Código Penal; artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas; artículo 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre protección integral de los datos personales; y artículos 6 párrafo I, 7, 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología.
En el caso de José Alfonso Acevedo García, además de las calificaciones jurídicas previamente señaladas, se le imputa por la violación a los articulo 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de armas de fuego y material relacionado.
¿QUIÉNES SON LOS PRESUNTOS AFECTADOS?
De acuerdo con el documento, la parte agraviada son ciudadanos dominicanos que “han visto afectada su identidad” y la JCE.
Asimismo, los fiscales aseguraron que la seguridad jurídica también resultó dañada, debido a que las acciones presuntamente cometidas por los acusados transgredió la credibilidad de la documentación pública emitida por los órganos del Estado.
