SANTO DOMINGO.- La jueza Ana Lee Florimón, del Segundo Juzgado de la Instrucción, varió esta tarde la medida de coerción al exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, de prisión preventiva al pago de una garantía económica de 4.5 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Peralta era el único de los imputados del caso que continuaba en prisión en el Centro de Rehabilitación Najayo luego de que fuera sentenciado a cumplir 18 mese de prisión.
La magistrada tomó la decisión al considerar que el imputado aportó los presupuestos de arraigo que garantizan su presencia durante el proceso, hasta tanto se conozca un juicio donde se dirima su culpabilidad o no.
Puntualizó que la variación de la medida de coerción no representa en modo alguno que el imputado ha sido absuelto o liberado del proceso, que se detendrá la investigación o que el caso culmina.
El exfuncionario, uno de los principales acusados en operación Calamar, llevaba más de 7 meses de prisión.
A su salida del tribunal los abogados de José Ramón Peralta expresaron que aunque esta medida es la correcta y que debió ser dictada hace mucho tiempo, es insuficiente por considerar que a donde debe llegar este proceso es a su cierre definitivo por ausencia de evidencias.
«Entendemos que el Ministerio Público está haciendo lo que debe, ya es parte del Poder Judicial hacer el trabajo que le corresponde», indicó el procurador fiscal Jaroly Lemos, tras garantizar que presentarán una acusación fuerte contra los imputados en el caso.
Se recuerda que los exministros de Hacienda y de Obras Públicas, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, respectivamente, quienes están incluidos en el expediente, lograron que se les cambiara la medida de coerción por fianza y prisión domiciliaria.
A Donald Guerrero el Ministerio Público le imputa encabezar una red desmantelada con la Operación Calamar que utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.
En el proceso se ha establecido que, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, la Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector, los imputados diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.
En este expediente, el órgano acusador también imputa al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
El Ministerio Público acusa a los miembros de esta red de sustraer más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales, sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas, totalizan más de 19 mil millones.
