El experto en derecho constitucional, Eduardo Jorge Prats, afirmó que República Dominicana tiene varios temas importantes que resolver con Haití, pero el conflicto creado por el canal del río Masacre no debió ser llevado a una crisis que está dañando el comercio en la frontera.

Entre los temas relevantes que a su juicio el país debe abordar con Haití está la migración irregular, el gasto dominicano en atender la salud de los haitianos, el contrabando, el narcotráfico y la deforestación que afecta su territorio.

“Creo que el tema del río Masacre es importante, pero no creo que debió llevar a una crisis de esta magnitud, donde ahora tenemos no solo esta crisis creada con Haití, sino todas las demás crisis: una guerra en Ucrania, una crisis económica post pandemia y tenemos ahora un conflicto en el Medio Oriente con la situación de Israel y Gaza, además de tres procesos electorales”, apuntó Jorge Prats.

Estimó que el tema haitiano es importante, pero no se debe actuar sobre la base de “los vaivenes político-electorales”, porque a su juicio “nosotros tenemos que apostar al desarrollo de Haití, apostar al desarrollo de la frontera, tenemos que apostar al orden, a la aplicación de las leyes, pero no hace sentido en modo alguno complicar más lo que han sido relaciones tensas y crear un estado de crispación entre las partes que no se justifica”.

Entrevistado por Pablo McKinney en su programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, Jorge Prats consideró que el gran problema ahora no es el desvío del cauce del río, sino “los millones de huevos que los productores dominicanos no pueden vender” y los “cientos de millones de pesos que se pierden por interrumpir un comercio nacional amparado por una ley”.

Deploró que desde el gobierno dominicano se señale que Haití tiene un Estado fallido, pero desde aquí se crea una crisis buscando que ese Estado fallido reaccione, produciéndose lo contrario. “El pueblo haitiano lo que ha hecho es solidarizarse con la construcción del canal”, apuntó.

El jurista señaló que lo que se ha conseguido es que los comerciantes haitianos estén organizando su comercio con otras naciones “y nosotros hemos perdido un mercado”.

SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA

Al contestar una pregunta sobre el privilegio de la prisión preventiva en el país, Jorge Prats dijo que a pesar de que se aprobó un código procesal penal garantista, la cultura imperante ha logrado burlarlo y “lo que era una medida excepcional, se volvió la regla porque los jueces, por la presión popular y la preeminencia de una cultura autoritaria, entienden que sin preso, no hay proceso”.

Deploró que se crea que para que haya un juicio hay que convertir “la cárcel en una sala de espera judicial, para cuando el Estado tenga chance, haga un juicio”.

Recordó que el Código Procesal Penal establece que una duración máxima de los procesos y transcurrido ese plazo, al reo hay que liberarlo y los jueces también le han pasado por encima a esa norma.

“Lo que se logró en estos dos años (de este gobierno) es la igualdad ante el atropello: que los poderosos y los ricos, al igual que los pobres, los negros y los feos, sean también sometidos a las mismas medidas de coerción anticonstitucionales”, expresó el experto.

Agregó que “como no somos capaces de lograr la igualdad ante la ley, lo que se hace es violarle a todo el mundo sus derechos, para que haya igualdad. Como los pobres van presos por pobres, negros y feos, vamos a hacerle lo mismo a los ricos y a los políticos poderosos, cuando debe ser lo contrario”.

“Todo el que tenga arraigo, trabajo y que no representa peligro de fuga, que tiene una fianza o que puede permanecer en su casa, o que le pueden poner un grillete electrónico, puede tranquilamente esperar diez y 15 años”, dijo Jorge Prats, para que se le juzgue.

A su juicio, el encarcelamiento preventivo de los ciudadanos en esos cementerios de hombres vivos que son las cárceles, es un estado de cosas inconstitucional y violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos

Afirmó que “hay una alianza diabólica entre policías, ministerio público, prensa y redes sociales” que no tiene “un adversario con el suficiente peso porque todo el que sale a hablar dicen que es un opositor”, lo que deja poco margen para cambiar ese sistema.

“La cultura penal autoritaria trujillista, balaguerista, sigue perviviendo con el nuevo Código Procesal Penal que tenemos”, opinó Jorge Prats.

Describió a un acusado como una persona acorralada por el ministerio público, los jueces, los abogados acusadores, las redes sociales y la prensa, que para defender sus derechos necesita, más que un abogado, a Dios.

Indicó que el ministerio público hizo acusaciones anticorrupción con expedientes de más de 12,000 páginas que ahora no se pueden leer, pero están obligados a leerlos ante el juez porque así lo dispone la oralidad del proceso.

Explicó que ha visto expedientes muy sólidos de cortes de Estados Unidos donde el ministerio público instruye en 25 páginas, pero aquí se envía como acusación un paquete de papeles para dar la impresión de solidez.