Santo Domingo.- La Contraloría General de la República informó que, con una inversión de más de 550 millones de pesos, se efectuarán cada año cerca de 100 auditorías focalizadas y especializadas, a la par con la introducción de un sistema de alertas automáticas programadas con algoritmos, así como el “auditor digital”.

Félix Santana García, contralor general de la República, informó que los recursos para esta implementación provienen de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya ejecución ya ha comenzado, en un esfuerzo por elevar en los próximos cinco años los estándares de control interno para la prevención de la corrupción a nivel nacional. 

“En este convenio liderado por el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República desempeña un papel fundamental como organismo coejecutor destinado al fortalecimiento del control interno”, dijo.

Manifestó que estas alertas, impulsadas por algoritmos analíticos avanzados, proporcionarán una supervisión constante y rigurosa de las transacciones gubernamentales, lo que garantiza que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y transparente.

Explicó que la Contraloría ha iniciado el programa de transformación digital y reingeniería de procesos internos, en una acción conjunta para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión de recursos públicos. 

Sobre el proyecto, Santana García dijo que se llevará a cabo en un período de cinco años y busca revolucionar el órgano rector de control interno, mediante la implementación de modernas tecnologías y la adopción de las mejores prácticas internacionales.

Señaló que para lograrlo serán empleadas tecnologías de vanguardia, que promoverán la interoperabilidad de los sistemas informáticos del Estado. 

El contralor general de la República indicó que, con alrededor del 70 % de los fondos destinados a tecnología, esa dependencia de la Presidencia de la República experimentará una transformación completa de sus procesos, que incluirá una reingeniería integral y la adopción de modernos softwares de gestión. 

“Este esfuerzo no solo mejorará la eficiencia, sino que también elevará los estándares de control interno y la capacidad de lucha contra la corrupción a nivel nacional”, expuso. 

Dijo que uno de los aspectos más destacados del programa es la introducción de un “auditor digital”, una innovación que cambiará la forma en que se monitorea y controla el uso de los recursos públicos. 

Aclaró que este auditor no se trata de tareas robotizadas, sino que a los mismos recursos humanos actuales se les dota de las competencias para que manejen herramientas y puedan gestionar todo el proceso de auditoría de forma digital.

Santana García indicó que el programa está diseñado para elevar la integridad y la competencia de la Contraloría a través de certificaciones internacionales en curso. 

El funcionario señaló que esto garantizará que el personal esté debidamente calificado y preparado para los desafíos del control interno y la prevención del fraude.

Dijo que, además, será fortalecida la unidad antifraude, destinada a la prevención, detección e investigación de posibles actos corruptos. 

El contralor general de la República explicó que se están desarrollando políticas, procedimientos y protocolos de investigación, lo cual eleva el perfil de los técnicos a cargo de estas tareas críticas. 

Expuso que, al final de los cinco años, se espera que la Contraloría esté en condiciones de auditar más instituciones del Estado cada año y realizar auditorías focalizadas y especializadas, producto de las alertas y analíticas realizadas por el equipo de auditores expertos. Así se marca un hito en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia en República Dominicana.

El programa también abarca la prevención, detección e investigación de posibles casos de corrupción, la capacitación de auditores certificados según estándares nacionales e internacionales y la asistencia técnica a las instituciones auditadas. 

Manifestó que se espera que esta iniciativa tenga un impacto significativo en la mejora de la gestión pública y la prevención de la corrupción en el país.