En Eagle Pass, la semana comenzó con rumores acerca de una posible llegada masiva de migrantes. El viernes, la pequeña ciudad fronteriza en Texas no daba abasto: casi 9.000 solicitantes de asilo, una cifra que seguía aumentando, habían cruzado desde México, un punte internacional seguía cortado y un niño de tres años se ahogó en el Río Bravo.

“Antes oíamos rumores pero no pasaba nada”, dijo el jefe de la policía del condado de Maverick, Tom Schmerber. “Pero esa vez sí ha ocurrido”.

La respuesta de Eagle Pass, donde el alcalde declaró el estado de emergencia, ilustra cómo los agentes de la Patrulla Fronteriza se han visto abrumados en los últimos días por el gran número de solicitantes de asilo que llegan a partes de la frontera estadounidense con México. En San Diego y en El Paso, Texas, las autoridades cerraron también pasos fronterizos esta semana para que los agentes pudiesen ayudar a controlar la situación.

Tras un descenso en los cruces fronterizos ilegales tras la entrada en vigor de las nuevas restricciones al asilo en mayo, el gobierno del presidente Joe Biden está una vez más a la defensiva. Alcaldes y gobernadores demócratas procuran más apoyos para atender a los solicitantes de asilo y los republicanos tratan de sacar ventaja política con este tema antes de las elecciones de 2024.

El tráfico paralizó el centro de Eagle Pass el jueves en la noche luego de que las autoridades cerraron uno de los dos puentes internacionales de la ciudad para reubicar a los agentes en otros puestos. Durante el día, cientos de migrantes se sentaron a la sombra del puente mientras los efectivos de la Patrulla Fronteriza los procesaban y trasladaban en grupos.

El alcalde, Rolando Salinas, dijo que alrededor de 2.000 personas habían cruzado el jueves, casi la mitad que en la víspera. Pero tras una reunión con la policía estatal y agentes fronterizos, Salinas indicó que se le dijo que las multitudes podrían seguir llegando durante el fin de semana.

“Esperemos que no sea ese el caso”, apuntó.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo el miércoles que concedería Estatus de Protección Temporal a aproximadamente 472.000 venezolanos que ya estaban en Estados Unidos hasta el 31 de julio, facilitándoles el proceso para obtener un permiso de trabajo. Esto se suma a los 242.700 venezolanos que ya habían sido declarados aptos para recibir dicho estatus.

El gobierno también está enviando a 800 soldados en activo a la frontera, que respaldarán a los 2.500 miembros de la Guardia Nacional que ya están allí. Se está ampliando la capacidad de las instalaciones de detención fronterizas en 3.250 personas, hasta casi 23.000, asó como la supervisión, a nivel nacional, de las familias que aguardan la revisiones inicial de sus casos de asilo.

El gobierno renovó la presión — y la culpa — sobre el Congreso, que lleva mucho tiempo sin lograr un acuerdo acerca de una reforma integral del sistema migratorio del país. Ahora, el ejecutivo de Biden, le solicita 4.000 millones de dólares en fondos de emergencias.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló en un comunicado que estaba “utilizando las limitadas herramientas a su disposición para asegurar la frontera y desarrollar un sistema migratorio seguro, ordenado y humano”.

Theresa Cardinal Brown, asesora sénior de inmigración y políticas fronterizas en el Bipartisan Policy Center — un centro de investigación que promueve el bipartidismo —, dijo que es normal ver una disminución en los cruces ilegales luego de cambios como los que se impusieron en mayo, pero no suele durar mucho una vez que los migrantes ven cómo funcionan las cosas.

“La gente ve lo que le ha pasado al último grupo que lo intentó y dicen algo así como ‘Oh, bueno, tal vez no es tan duro como dicen’”, señaló Brown.

Pero el viaje a Eagle Pass terminó en tragedia para algunos esta semana.

El miércoles, un niño de 3 años que cruzaba el Río Bravo fue arrastrado por la fuerte corriente y se ahogó antes de que los equipos de rescate pudiesen salvarlo, dijo el teniente Chris Olivarez, vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas. El cuerpo de un hombre de unos 30 años apareció también junto al río el jueves, según el jefe de los bomberos de Eagle Pass, Manuel Mello.

Un incremento en el número de familias que arriban a la frontera derivó en condiciones inaceptables en dos de los sectores de mayor tránsito vigilados por la Patrulla Fronteriza, reportó la semana pasada ante una corte federal el doctor Paul H. Wise, un supervisor designado por un tribunal. Según Wise, niños de apenas 8 años fueron separados de sus padres durante su procesamiento en el sur de Texas, una práctica que se ha aplicado principalmente en menores de entre 13 y 17 años.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) indicó que estaba examinando el informe de Wise, e hizo notar que durante el procesamiento pueden ocurrir separaciones limitadas y temporales por razones de seguridad, pero de ninguna manera son similares a las de largo plazo que se implementaron durante el gobierno del expresidente Donald Trump. Wise dijo que incluso una separación a corto plazo puede tener “efectos dañinos perdurables”.

Las autoridades federales cerraron un puente y un tren internacional en Eagle Pass el miércoles para reasignar al personal. La empresa ferroviaria Union Pacific Railroad Co. indicó el jueves que miles de vagones de tren cruzan la frontera por allí a diario.

La CBP dijo a líderes empresariales que no puede estimar la fecha en la que se reanudará el tránsito en Eagle Pass, ni cuándo se reabrirá el tráfico de camiones rumbo a Estados Unidos en un puente de El Paso. En otros cruces fronterizos, la circulación avanzaba más lenta.

En San Diego, se cerró un cruce peatonal el 14 de septiembre para que su personal pasase a una zona donde migrantes de distinta procedencia, desde Camerún a Colombia, aguardan entre dos muros fronterizos. Los voluntarios les dan alimentos y agua embotellada mientras esperan a que sus solicitudes sean procesadas.

Cerca de Jacumba Hot Springs — un pueblo de menos de 1.000 habitantes con un pequeño hotel y una tienda, ubicado en medio de montañas rocosas al este de San Diego y a una hora por carretera —, comenzaron a formarse campamentos de migrantes la semana pasada por primera vez desde mayo.

Los contrabandistas llevan a los migrantes en vehículos hasta un punto en México donde termina el muro fronterizo. Uno de los tres campamentos en el Valle de Jacumba se encuentra aproximadamente a media hora a pie sobre un camino de grava utilizado casi exclusivamente por agentes fronterizos. El miércoles, ninguno de los migrantes habían permanecido allí más de una sola noche, aprovechando tiendas de campaña abandonadas por otros.

La Patrulla Fronteriza les da pulseras de colores para marcar la fecha en que llegaron, con el fin de determinar a quién se traslada antes a una instalación de procesamiento. Los migrantes se protegen del frío nocturno acurrucándose junto a arbustos de enebro y encendiendo fogatas. Algunos se subían a rocas grandes con la esperanza de captar señal para sus celulares.

Ángel Sisa, de 40 años, partió de la región costera de Ecuador junto a su esposa y a sus dos hijos, de 15 y 13 años, luego de vender su tienda de artículos generales para huir de las amenazas de muerte de delincuentes que le exigían pagos mensuales. La familia pagó a contrabandistas para que los llevaran en avión y autobús hasta que llegaron a un hotel en Tecate, la localidad mexicana más próxima al sitio por donde cruzaron.

Esperan asentarse en Minneapolis con otros familiares que salieron de Ecuador hace aproximadamente un año.