El presidente Luis Abinader llega hoy, miércoles, a 1,130 días al frente del gobierno, enfrentado desde su inicio una cascada incesante de presión internacional para doblegar la política migratoria nacional.

Cuando de momento ha parecido temeroso ante estas fuerzas y otras veces se muestra sacando músculo para demostrar determinación a ejecutar la ley migratoria, el gobierno ha tenido que definir su sendero y avanzar hasta “quemar el último cartucho”, pero siempre bajo el acecho de intereses poderosos ocultos detrás del caso haitiano.

Así, cuando las autoridades marcharon con el plan de repatriaciones de ilegales aparecieron de nuevo, con más ímpetu, las denuncias de organismos internacionales, una fila de expertos, y un coro mediático con objetivos afines.

LA MISMA VERSIÓN 

Desde esos litorales es que provienen las acusaciones contra República Dominicana, siempre divulgando la versión de presuntas prácticas de racismo y xenofobia contra la enorme masa de haitianos asentados masivamente aquí.

Ambos términos han sido impuestos con tesón, conforme con un estratégico plan para imponer al país la obligación de recibir a migrantes indocumentados, refugiados y víctimas de trata de personas.

Pero echando a un lado sus orientaciones político partidista, ideologías y creencias generales, una abrumadora mayoría de dominicanos rechaza que el país sea racista y practique la xenofobia contra los haitianos.

Una de las voces que dio máxima categoría de verdad a esta creencia fue el expresidente Leonel Fernández, quien, en medio de una campaña de descrédito sobre este tema, rechazó, el pasado 8 de marzo, que República Dominicana sea racista o que practique la xenofobia y la apatridia.

GOBIERNO BAJO ATAQUE

El 20 de noviembre de 2022, un alerta de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, basada en que la Dirección de Migración detenía a ciudadanos afroestadounidenses, por su color de piel, provocó el descontento de políticos del partido de gobierno y líderes de la oposición, que pusieron en duda la ocurrencia de estos hechos.

De inmediato, el Gobierno consideró “manifiestamente infundado, extemporáneo e infeliz” el documento presentado por Estados Unidos, que en la ocasión emitió una alerta de viaje al país.

Mientras se intensificaban estas voces acusando al país de racismo, el 4 de diciembre de 2022 el exprimer ministro haitiano Claude Joseph acusó al presidente Abinader de “racista que odia a Haití y a los haitianos”, agregando que las autoridades “separan familias, realizan deportaciones de madrugada y perpetran malos trato”.

EE.UU ECHÓ PARA ATRÁS

El 27 de marzo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, tuvo que negar que el gobierno sea racista, aunque entonces dijo tener “preocupaciones sobre el trato hacia la población haitiana” aquí.

Esta respuesta de Blinken ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, fue por la insistencia de la representante republicana de Florida, María Elvira Salazar, que ya había hecho otras intervenciones a favor de los dominicanos.

En junio pasado, la consejera de la misión permanente dominicana ante las Naciones Unidas, Luz Andújar, defendió la solidaridad del país ante Haití, en una respuesta a las panelistas Gay Mcdougall, Bárbara Reynolds y la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, June Soomer, que acusaron al Estado de ”racista y abusador de los derechos de los haitianos”.

AMENAZA DE SANCIONES

Hace poco más de diez días, el país se defendió de acusaciones de racismo y discriminación contra personas de color, durante una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), celebrada en la capital mexicana.

Las amenazas contra el país han llegado tan lejos que el perito argentino Pablo Seriani, propuesto por la CIDH, aludió al “carácter regresivo de diversas leyes y prácticas migratorias”, destacando que la expulsión de ilegales tiene “naturaleza sancionadora” y es “la acción más coactiva frente a un abanico amplio de respuestas posibles”. 

En julio de este año, Abinader definió a algunos organismos multilaterales internacionales como “irresponsables” por nunca haber actuado a favor de Haití, queriendo que el país asuma su destino, recordándoles que las políticas migratorias del país sólo las ejecuta la República Dominicana.

RETORNO DE ACUSACIONES 

A raíz del más reciente incidente con Haití, por la construcción del canal en el río Masacre, que llevó al gobierno al cierre de las fronteras terrestre, marítima y las conexiones aéreas, y dispuso la movilización de fuerzas policiales y militares, incluyendo el despliegue de vehículos blindados y helicópteros, surgieron otra vez las acusaciones a escala internacional.

Tal es el caso del experto designado por la ONU para los derechos humanos en Haití, William O’Neill, que expresó su “alarma extrema” por el cierre de la frontera y pidió a las autoridades reconsiderar su decisión. El año pasado, O’Neill reclamó al gobierno poner freno a la repatriación de ilegales haitianos.

A esto le siguió una campaña en el exterior, de la que fue parte una estudiante de la Universidad de Columbia que acusó al país, en presencia de Abinader, de practicar el racismo. Ante esto, el mandatario negó ese juicio, asegurando que este “es un país cuya población es un 85 por ciento mestiza”, donde nunca “ha tenido un problema con el racismo”.