Santo Domingo.- Con el objetivo de coordinar acciones para transversalizar el enfoque de género en la administración pública, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Administración Pública, firmaron un convenio que permitirá poner en marcha herramientas, procesos y sistemas que permitan identificar, medir y reducir las brechas de género en el sector, así como incrementar la participación y las oportunidades laborales equitativas entre mujeres y hombres.
Para ello, las entidades formarán un equipo técnico interinstitucional que se encargará de conducir y tomar las decisiones convenientes para el cumplimiento y desarrollo del acuerdo, el cual estará conformado por integrantes de las direcciones de Recursos Humanos, Transversalidad para la Igualdad, Derechos Integrales de las Mujeres y de Educación para la Igualdad, por parte del Ministerio de la Mujer; mientras que por el MAP se integrarán el Viceministerio de Servicios Públicos, las direcciones de Recursos Humanos y de Relaciones Laborales, además de un representante del despacho del ministro Darío Castillo Lugo.
“Nos comprometemos a impulsar el establecimiento de las Unidades de Igualdad de Género en las instituciones, y apoyar al Ministerio de la Mujer en lo referente a estructura y cargos, para que puedan manejar los recursos para impulsar estas cosas, ya que, a veces, por el tamaño de la estructura que tiene la institución, no permite captar recursos humanos calificados; eso hay que agilizarlo”, añadió el titular del MAP.
La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, manifestó que la recolección de estos datos desagregados por sexo, fortalecerá la transparencia de los organismos del Estado con respecto a la igualdad y la paridad, en especial, datos desagregados por grupos ocupacionales, y a la vez, crear las condiciones para que el sistema promueva el avance profesional de hombres y mujeres con igualdad de oportunidades.
Según el acuerdo, el MAP se compromete a asegurar la desagregación de datos en los procesos de muestreo y elaboración de informes de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional, que aseguren el análisis diferenciado de la situación entre hombres y mujeres en las instituciones públicas; diseñar, difundir e implementar políticas de gestión pública con impacto en las relaciones de género; elaborar y publicar semestralmente un informe sobre las brechas de género en el sector público, a partir del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) y las medidas para disminuirlas; incorporar gradualmente en las normativas de la administración pública, acciones que garanticen la transparencia, medición, e implementación de medidas, para el cierre de brechas de género en la gestión pública; promover y facilitar la creación de las unidades de igualdad de género en las instituciones públicas, de acuerdo con la resolución conjunta del 11 de septiembre del 2019; ofrecer actualización oportuna al Ministerio de la Mujer, sobre las instituciones que cuentan con unidad de igualdad de género y asegurar que sus registros administrativos, generen datos desagregados por sexo y otras variables.
Mientras que el Ministerio de la Mujer se encargará de proveer asistencia técnica al MAP, para incorporar el enfoque de género en las herramientas de la administración pública, con énfasis en las requeridas como evidencia en el Sistema de Medición de la Administración Pública (SISMAP – Función Pública); capacitar al equipo técnico del MAP sobre la transversalización del enfoque de género en sus áreas de competencia; apoyar el diseño, difusión e implementación de políticas de gestión pública con impacto en las relaciones de género; facilitar y promover buenas prácticas de igualdad de género en la administración pública y compartir con el MAP un informe agregado, considerando la confidencialidad de la información, sobre la implementación del Sello Igualando RD para el Sector Público con el propósito de socializar y analizar buenas prácticas.
El equipo interinstitucional remitirá semestralmente a las respectivas autoridades de las instituciones firmantes, un informe de los avances en materia de igualdad de género en el sector público.
