Tragedia. Agobiada e indignada, la mujer deplora la libertad de los autores del asalto en el que fue asesinado su hijo, el abogado Juan Ramón Castillo.
Odette Saldívar
La Vega, RD
“Yo estoy perdida, desbaratada”, manifiesta Teresa Sánchez mientras, cabizbaja y llorosa, recuerda la madrugada del 4 de noviembre de 2017 cuando le arrebataron la vida a su único hijo, Juan Ramón Castillo, conocido como “Juan Luis”, un abogado que murió a manos de asaltantes.
El hecho
Una noche, a inicios de noviembre, Teresa despidió a su hijo, sin siquiera sospechas de que no volvería a verlo. Juan Luis, cuando dejó a su hijo en casa de la abuela luego de disfrutar de un juego de basquetbol, salió a casa de unos amigos.
“Yo voy ahora”, había respondido por teléfono a las insistencias de su madre. “todavía lo estoy esperando”, lamenta hoy la mujer.
Según Sánchez, la víctima fatal había llegado primero que sus amigos al lugar de encuentro, una casa cercana a la estación de gasolina de Los Cocos, en La Vega. Mientras aguardaba en el tramo, por lo general oscuro, aparecieron los indeseables. Arrojó el celular y las llaves de su pasola hacia el interior de la vivienda, pero eso no impidió que los atracadores lo despojaran de su cartera y el anillo de graduación.
A paso lento se iban estos, remolcando, a falta de las llaves, el medio de transporte. En ese instante llegaron los dos colegas que citaron a Juan Ramón, quienes, también se enfrentaron a los ladrones.
“Mi hijo se levanta del suelo y, cuando intenta enfrentar a sus atacantes, estos le dispararon”, cuenta la madre.
Quienes conocían a Castillo lo definen como una persona contenta y amado por la comunidad. A sus 32 años, era abogado de profesión y padre de dos niños, uno de ellos una niña de pocos meses.
Asaltantes están libres
Los sospechosos ladrones, son Luis Arturo Rosado y Miguel Herrera, que vendieron el anillo de graduación de Juan a un hombre identificado como Wilson Rodríguez Acosta. Este último le declaró a la policía que Arturo Rosado, alias Pipirichi, le vendió un anillo de graduación de la Universidad Católica del Cibao.
Los imputados que también vendieron el celular de la víctima están, cinco años después, libres por falta de pruebas.
“Me siento impotente”, declara la adolorida madre.