Rafael Guillermo Guzmán Fermín
Santo Domingo
En los últimos años, los “planes estratégicos” para la seguridad pública han estado ausentes en la planificación estratégica de los gobiernos; primero, por la desarticulación del Plan de Seguridad Democrática y falta de continuidad de Estado, y segundo, por la desconcentración de esfuerzos de las instituciones estatales de control y prevención del delito, agravados por un erróneo enfoque en los parámetros de medición del Índice de Criminalidad, al tomar como único factor cuantificable la tasa de homicidios, dejando fuera del radar las demás variables que obligatoriamente definen tal índice criminológico.
El Plan de Seguridad Democrática 2005-2012 tuvo resultados exitosos, sirviendo de referente a organismos internacionales para ser aplicado en otros países con condiciones socioeconómicas similares a la nuestra, en virtud de ser un “plan integral” mediante el cual se atacaban las causas que generaban violencia y delincuencia, involucrando en una matriz estratégica a todas las instituciones del Estado, bajo la coordinación rectora del Ministerio de Interior y Policía. Por estas razones, he afirmado en diversas ocasiones que “la violencia y la criminalidad delictiva son una problemática social, no policial”.
Como testigo de excepción, puedo afirmar que el logro alcanzado por el plan de seguridad democrática respecto a la protección ciudadana se debió a que las políticas de seguridad pública se enfocaron en el manejo de los conflictos sociales y las diversas formas de ejercer la violencia, especialmente en el combate al microtráfico y organizaciones criminales, factores que incidían en un alto porcentaje en la comisión de los delitos, pues estaban enfocadas en aquellos de mayor impacto social y en las áreas vulnerables de los centros urbanos más importantes del país, tomando en consideración que la criminalidad no es estática, sino que es cambiante y dinámica, y que la tipología del delito es distinta de acuerdo al nivel de desarrollo social en las diversas provincias del país.
En contraposición a estos buenos resultados, hoy la población sufre la insuficiencia de las estrategias de seguridad estatal y la evidente incapacidad de las autoridades en términos de zonas de inestabilidad social, de una peligrosa articulación de la criminalidad organizada, la dramática proliferación masiva de los puntos de drogas tras la eliminación de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (DICAN), decisión que fue tomada de manera precipitada, sin haber planificado la creación de otra entidad con las capacidades necesarias para combatir ese delito.
Como consecuencia de ese desatino, actualmente tenemos que esos miles de puntos de drogas se han convertido en verdaderas “empresas criminales” de alta incidencia criminal en los barrios, que pretenden ahora crear un monopolio de ilegalidad, lavando su dinero sucio a través de negocios con fachadas legales, los cuales mantienen en zozobra constante a la sociedad, dando la sensación y percepción de alta inseguridad.
En base a estos planteamientos que son verdades irrefutables, empezaremos la publicación de una serie de análisis y recomendaciones profesionales sobre las correctas estrategias de seguridad ciudadana, a los fines de que sirvan de aporte a los tomadores de decisiones en el Estado, y puedan de una vez por todas diseñar correctamente planes de seguridad pública efectivos que devuelvan la tranquilidad y convivencia social pacífica dentro de un Estado social y democrático de derecho.
Es pertinente señalar, que las redes criminales y actividades delictivas desbordadas son un fenómeno fermentado por factores sociales, los cuales agregan complejidad a este tema, tales como la transformación de poblaciones rurales en centros urbanos sin planificación alguna; aparición de nuevas tipologías delictivas, muchas de ellas aún no contempladas en el Código Penal dominicano; la impunidad y lentitud de la administración de justicia, el aumento sostenido de los conflictos intrafamiliares y de violencia producto de falta de educación cívica y moral en la familia y escuelas, lo que se ha traducido en falta de corresponsabilidad y participación ciudadana.
Si agregamos a este escenario el cúmulo de problemas estructurales, tales como el aumento de los índices de desempleo, el incremento del costo de la vida, el ensanchamiento de los cinturones de miseria, el auge de participación de mujeres y menores de edad en conductas punibles, más los episodios de intolerancia por una parte de la población ante las autoridades del orden público, nos daremos cuenta de que estamos frente a un panorama complejo de grandes desafíos.
Por estas razones y, para superar estos retos, entiendo que es preciso pensar, analizar y construir una adecuada estrategia de seguridad ciudadana a los fines de estabilizar un ecosistema social de tales características, por lo que es fundamental aplicar planes integrales de seguridad preventivos, junto a operaciones socio-policiales proactivas que permitan desarrollar acciones orientadas a la protección del ciudadano, incluyendo planes para la desarticulación de las empresas criminales del microtráfico, de las bandas criminales, grupos de delincuencia organizada y una necesaria depuración y control de integridad de los organismos de seguridad del Estado, para prevenir la corrupción entre sus miembros.
Al mismo tiempo, la Policía Nacional tiene que fortalecer sus capacidades de inteligencia delictiva, el mapeo del delito, las estadísticas y monitoreo de todas las variables del fenómeno criminal, el uso de las ciencias criminológicas para atacar las causas generadoras de violencia y delincuencia, modernizar las comunicaciones y equipamientos operacionales de los agentes del orden y crear otra vez las unidades móviles de “chequeos estáticos de control”, con sus respectivos entrenamientos, para asegurar el respeto a los derechos ciudadanos.
En conclusión, el presente análisis tiene como propósito ayudar a redefinir directrices institucionales que posibiliten el aumento de los niveles de productividad y efectividad de las unidades policiales, con el objeto de enfrentar el fenómeno delincuencial desde el desarrollo efectivo de acciones incluidas en los componentes integrales establecidos, fortaleciendo así la programación, organización y operativización del servicio policial, logrando de esta manera la consolidación de la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana, reduciendo el alto índice delictivo en las regiones, provincias, ciudades y municipios del país, y con ello, mejorar la percepción y sensación de seguridad, reputación institucional y posicionamiento de la Policía Nacional.
El autor es miembro del Círculo Delta.
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