Nadie debe soñar, ni conspirar para estatizar la seguridad social. El grueso del ahorro nacional de los dominicanos está en manos de las AFP y depositados o invertidos en diferentes instrumentos que aseguran la máxima rentabilidad.
Quisieron repartir parte de ese ahorro como una piñata cuando el COVID-19 causaba estragos. Eso hubiera requerido 10 años más de trabajo del contribuyente, después de la edad de retiro, para jubilarse con una pensión digna, sin contar el impacto negativo en los precios ante una oferta restringida.
Otra particularidad es que cuando parte de los fondos de pensiones se invierten en dólar y ese dólar se deprecia frente al peso, se produce una reducción en los registros contables en pesos, aunque su valor en dólar se mantenga. Como se cumplió con la rentabilidad mínima, la sentencia del Tribunal Superior Administrativo es un verdadero disparate y pone en riesgo el sistema de pensiones.
Entre el 1991 y el 2002, la esperanza de vida de los dominicanos aumentó de 67.5 años a 69.6 (apenas 2.1 año). A partir de la puesta de funcionamiento de la Seguridad Social, entre el 2006 y 2020 la esperanza de vida aumento a 74.3 años. Hablamos de un aumento de casi 5 años a pesar del COVID-19.
Hoy, bajo el régimen contributivo, el subsidiado y una combinación de ambos, prácticamente toda la población dominicana está protegida con un seguro de salud, aunque en muchos casos su cobertura es insuficiente y el servicio ineficiente.
Podemos llegar en el 2030 a una esperanza de vida de 77 años, donde están ubicados muchos países desarrollados.
Faltaría dos cosas para lograr ese gran salto:
1. Aumentar el presupuesto de salud a 3% del PIB y gradualmente llevarlo al 4%.
2. Modificar la ley de seguridad social para mejorar las normativas y regulaciones existentes de todo el andamiaje en que descansa el sistema de salud, pensiones y riesgos laborales, lo que incluye, indudablemente, a las ARS y AFP y la atención primaria obligatoria.
Jamás volveremos a una seguridad social fundamentada en el reparto porque es retroceder a los años del IDSS y morir más temprano. Como tampoco que el Estado haga añicos los fondos de pensiones como ha pasado en casi todos los sistemas de reparto.
Exigir la desaparición de las ARS es un absurdo, como lo es la errónea decisión de los médicos de romper sus relaciones con Seguro Universal, que perjudica únicamente a los asegurados. Conversen, que todo tienen solución.
